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El presidente del Grupo de Trabajo que dará Seguimiento al Conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno federal, Amador Monroy Estrada (PRI), anticipó que la próxima semana se reunirán con Martín Esparza Flores, dirigente del SME, para conocer la situación de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Luego de que este grupo de trabajo se reunió con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, el legislador Monroy Estrada señaló que es necesario conocer la situación que enfrenta el SME a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, al considerar que la reunión estaría programada para el día 7 u 8 de abril próximos.
“…Lo que se pretende es establecer un diálogo con ambas partes del conflicto para escuchar sus posturas y posteriormente deliberar. Toda vez que se cuente con todos los argumentos se tomará una decisión, en tanto vamos a escuchar y a dialogar entre los integrantes del grupo para ver que solución puede tener el conflicto laboral…”.
Aseguró que es un conflicto que se le debe dar solución pacífica, ordenada y civilizada. “No vamos a buscar culpables, sino soluciones, esa debe ser la intención”, precisó.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Francisco Hernández Juárez del PRD, hizo un llamado al Gobierno federal para que no vaya a propiciar un evento que violente aún más el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Señaló que “solamente a través de la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo plural de legisladores que media entre el SME y el gobierno federal en la Cámara de Diputados, así como la comisión que también está en el Senado, se hará sentir la fuerza de todos los que estamos interesados en una solución”.
El también integrante de ese grupo de trabajo, Rodolfo Lara Lagunas (PRD) manifestó su confianza en que esa instancia legislativa sirva realmente para lo que fue creada, sea un puente de diálogo y se resuelva definitivamente este tema, que a su juicio se ha prolongado demasiado, lo que prueba que no hubo razón jurídica ni ética para hacer
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