18 mar. 2015

De pianista frustrado a “coyote”

Martín Esparza Contralínea

Con el acostumbrado sello de la impunidad, la reforma constitucional a las telecomunicaciones, publicada el 11 de junio de 2013, terminó por ignorar en el Congreso de la Unión las observaciones hechas en 2012 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde el órgano supervisor denunció que la licitación de los más de 20 mil kilómetros de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a favor del consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica, en el gobierno de Felipe Calderón, representó una pérdida de 4 mil 448 millones de pesos a las arcas públicas, pues tales empresas sólo pagaron 883 millones de pesos por una red que hubiera generado seis veces más recursos si hubiera quedado en propiedad de la ahora empresa productiva del Estado.

El sistema de adjudicación directa, similar al utilizado para entregar en bandeja de plata la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a los panistas Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, exsecretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, constituye una muestra viviente del conflicto de intereses en que incurrió el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social y hoy senador por el Partido Acción Nacional Javier Lozano Alarcón, quien en su papel de alto funcionario ejerció también un abierto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, quienes desde años atrás habían contratado sus servicios a través de su despacho Javier Lozano y Asociados, SC. Gracias a las malas artes políticas del extitular del Trabajo, no hubo más participantes en la licitación del apetitoso botín de la fibra óptica de CFE.

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