Todo un andamiaje jurídico que busca
desdibujar nuestra soberanía nacional es el que pretende aprobarse en el
Congreso de la Unión con las leyes secundarias en materia energética,
que para aterciopelar el camino a favor de las multinacionales habrán de
modificar el contenido de 12 ordenamientos vigentes, entre ellos, el de
la Ley de Inversión Extranjera; derogarán cinco leyes más, como son los
casos de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica (LSPEE), y crearán otras nueve, entre las que
sobresalen la de hidrocarburos y de la industria eléctrica, que
legalizarán la “servidumbre legal” para despojar de sus tierras a miles
de indígenas y campesinos.
Y mientras el sector oficial insiste en
la argucia publicitaria de que con la puesta en marcha de la reforma
energética habrá beneficios a la población al bajar el precio de las
gasolinas, el gas y las tarifas eléctricas, los defensores legislativos
del atentado contra el sector energético nacional todavía no atinan a
encontrar en los borradores enviados por el Ejecutivo la ubicación
exacta de la forma en que habrán de darse tales bondades, mismas que no
se establecen con claridad, como tampoco los mecanismos que habrán de
seguirse para que tales promesas se cumplan.
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