Víctor Sánchez Tercera parte
Insisto. Existen voces indicando que la penetración del capital
extranjero en la industria eléctrica –le llaman sector- ha sido
subterránea y silenciosa. ¡Falso! Es directa, es cínica, es
imperialista, aliada de la burguesía y el Estado nacionales. Son una y
la misma cosa, imponen la explotación del trabajo y de los recursos
naturales, sin límites, sin fronteras. Se convierte en negocio, en
mercancía, en mercado.
El programa neoliberal se instala
en 1982, con una década de entrega de empresas, organismos, servicios e
inicio de quebrantos de contratos colectivos, contra prestaciones y
conquistas. Se consolida a partir de 1992 con la firma del TLC y la
ruptura constitucional desde su modificación con la ley de energía
eléctrica, al indicar que el servicio púbico ya no es responsabilidad
estatal ni estratégico, los capitalistas pueden invertir. Nada
silencioso, ni escondido. Esto fue contundente, claro, tajante. El
mercado eléctrico fue abierto, la Constitución rota.
Estamos
en la etapa “modernizadora”, a través de las reformas estructurales
continúa aquél proyecto neoliberal, donde faltaban los cambios a las
normas para permitir la apertura plena de los capitales financieros o
productivos. En la industria eléctrica se resquebrajó nuestra
Constitución antes de su reforma legal. El cinismo como sus mentiras es
parte de su ideología para quebrantar además de las leyes las
voluntades. Díganlo sino los mensajes del petrolero cien veces repetidos
Las inversiones de empresas españolas, canadienses,
yanquis con créditos de organismos multinacionales demuestra la
intervención directa, como la el BID. Desde entonces, por ejemplo, las
tarifas eléctricas suben y ni siquiera los servicios que “se prestan”
quienes invierten bajan sus precios, como Wall Mart. Hace años generan,
usan la interconexión del sistema eléctrico nacional, pero las tarifas
siguen subiendo cada día más. Se nota el uso del sistema sólo para su
beneficio, su ganancia.
Quebrantaron la vida de miles de
trabajadores y jubilados electricistas, para meter orden y racionalidad
en el área central del sector eléctrico-eso se dijo-, al desaparecer la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Nada de lo ofrecido resultó; pues
el empleo, la inversión no crecieron ni las tarifas bajan; al contrario
se les llama “tarifas locas” pues sin más brincan y brincan p’arrriba.
La huelga de pagos y los reclamos ante Profeco demuestran la ineficacia
de CFE. Las mentiras dichas.
El Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, antes de las reformas en las Cámaras, otorgó préstamos
para la industria eléctrica en 2011 y 2012 como apoyo a las empresas
privadas siendo Nacional Financiera quien responderá por ellos. El
presupuesto federal al servicio del capital extranjero para forzar y
entregar los recursos estratégicos. Consolidar el mercado eléctrico
antes de romper el 27 constitucional. Antes, en 1995, “…El propio BID
detalla que, con el mismo fin, autorizó recursos para la construcción de
la planta Salamayuca II; otorgó 75 millones de dólares y participaron
las trasnacionales General Electric, Bechtel Enterprises, El
Paso
Natural Gas e ICA-Fluor Daniel (proyecto BID-ME0189). También para el
gasoducto Yucatán (68 millones, TransCanada Pipelines, International
Generating Company y Gutsa Construcciones, BID-ME0130, de 1997); la
planta de energía Monterrey III (75 millones, trasnacional española
Iberdrola, BID-ME0229, de 2000); el proyecto cogeneración Vitro (45.5
millones, trasnacional gringa Enron, BID-ME0228, también de 2000); el
proyecto de energía eólica en La Ventosa, Oaxaca (22 millones,
Iberdrola, BID-ME-L1076, de 2009) y el citado por 450 millones de
billetes verdes, sólo por mencionar unos cuantos. Aparte, los Pidiregas
para que al final de cuentas se privaticen, aunque los mexicanos sigan
pagando de aquí a la eternidad...” [La Jornada, 2014-01-13, México SA,
¡Hágase la luz! (con el erario); Carlos Fernández Vega]
La
Jornada señaló con precisión: “En el caso que se comenta resulta
improcedente que el gobierno endeude al país para financiar la
cogeneración de electricidad de compañías particulares, y que al mismo
tiempo desatienda las necesidades de las empresas energéticas
paraestatales y las someta a una administración ineficiente y turbia:
mientras la Comisión Federal de Electricidad padece el exceso de
contratismo y la afectación de sus finanzas por la compra de energía a
los operadores privados a un precio mucho mayor del que le costaría
producirla, Petróleos Mexicanos enfrenta la persistencia de un saqueo
fiscal que debió ser corregido desde hace muchos años. [Editorial:
‘Recursos públicos y fomento a particulares’, 2014-01-12. Además hay dos
notas detalladas ese mismo día, ‘Pide el gobierno crédito al BID para
que particulares generen electricidad’ y ‘El Banco Interamericano de
Desarrollo otorgó 30,125 mdd en 52 años’, un panorama claro de la
alianza burguesa.”} “El programa facilitará fondeo a Nacional Financiera
(Nafin) para prestar a proyectos de cogeneración en la industria
mexicana (siderúrgicas, cementeras, papeleras, etcétera) y para la
necesaria expansión de la red logística de gas natural (gasoductos,
almacenamientos, etcétera), todo ello con el objeto de impulsar el papel
de la cogeneración en el país, indica el BID sobre el perfil o
descripción del proyecto que fue presentando en agosto del año pasado.
(Ídem.)”
Todo al amparo del poder, de facto que no de la
ley. Una reestructuración de la industria para romper el sistema
eléctrico nacional –interconexión de todas sus fases- y crear un mercado
capitalista por fase, por empresa, por demanda y por negocio: la
utilidad, la ganancia al convertirse en mercancía dichas etapas. Oferta y
demanda como orden capitalista en lo que fuera la industria
nacionalizada. Todo ello antes de romper la Constitución con estas
reformas y, especialmente, con las normas a redactar con las leyes
secundarias impuestas ya en los transitorios del decreto mencionado.
Son
los transitorios los que marcan ya, antes de las leyes, el devenir de
la industria, la entrega al capital extranjero. El transitorio décimo
segundo indica que ambos sectores tendrán sendas comisiones reguladoras
del mercado: “…autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer
de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que
la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de
los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos…” Prevé si hay
saldos remanentes del presupuesto se pasará a un
fideicomiso
operado por la banca como fiduciario; que se instruirá “al fiduciario la
aplicación de los recursos a la cobertura de gastos necesarios para
cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios…” No podrán
“acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el
presupuesto anual de la Comisión de que se trate… (Si los hubiese) serán
transferidos a la Tesorería de la Federación.”
Como les
agradó a los legisladores –entreguistas- la intromisión en lo laboral
cuando la reforma educativa, aquí lo repiten. Antes de seguir, hay que
señalar que la redacción es mala, malísima, y después leemos, es
transitorio entrometido. “El presupuesto aprobado deberá cubrir los
capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de
servicios generales…”. Las llamadas etiquetas indican una línea, pues
basta con que se apruebe el presupuesto. El siguiente transitorio indica
que los comisionados de las Comisiones quedan a cumplir su gestión,
marcando su escalonamiento a su término. Da cuenta pues de la forma como
designarlos, el décimo tercero así lo estipula.
El
décimo cuarto dedicado todo, en exclusiva, a la creación del “Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”, como
fideicomiso en el Banco de México. Se detallan los pormenores, no da pie
a que se salgan de lo que así se estipula. Es decir, la ley secundaria
que dizque harán y aprobarán los Diputados está hecha en éste
transitorio. Los transitorios son eso. El debate, la premura o el
derecho preferente carecen de sentido, los transitorios son la ley
secundaria. ¡Hay de aquél que se salga de ellos! El décimo quinto ya
marca la norma de la designación del Comité Técnico “integrado por 3
miembros representantes del Estado y 4 miembros independientes”
propuestos por el Ejecutivo y aquéllos, el secretario de Hacienda, el de
Energía y el Gobernador del Banco de México. Se detallan sus funciones.
En el décimo sexto, inciso b, a más tardar dentro de 12
meses de la entrada en vigor de la ley reglamentaria, se decretará el
“Centro Nacional de Control de Energía… encargado del control operativo
del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado eléctrico
mayorista; el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red
nacional de transmisión y las redes generales de distribución… La CFE
transferirá los recursos que el Centro…requiera. El Centro dará a CFE el
apoyo necesario, hasta por 12 meses posteriores a su creación, para
que continúe operando sus redes del servicio público de transmisión y
distribución…”
En ambas industrias se crean fidecomisos
incomprensibles, dizque para cuando existan recursos excedentes y ahí
decidan su disposición; las empresas productivas de Estado sin autonomía
de gestión financiera. Se abre el mercado, se abren las empresas y los
excedentes se entregan a la banca, las contradicciones están dadas para
que decretos las determinen como ya lo limitan estos transitorios. Lo
mismo sucede, como vemos, con los propios centros de control de energía
que serán los que vigilen el buen desenvolvimiento del mercado, sólo eso
nomás. Aquí se limita a CFE a dicha sumisión, mientras se consolida.
Todo a disposición del mercado.
Los dos siguientes son de
las formas de atender los asuntos ecológicos. Con una Agencia especial
para hidrocarburos con fideicomiso de por medio. ¡Ups! Otro más
y
ya van 4. El Vigésimo transitorio establece indicaciones sobre las
empresas productivas. Crearán valor económico, con autonomía
presupuestal, techo de servicios personales a propuesta de Hacienda y
aprobación del Congreso. “Su régimen de remuneraciones será distinto del
previsto en el artículo 127 de esta Constitución” [numeral II].
Organizadas
con las mejores prácticas internacionales, “así como un régimen
especial de contratación”, sus órganos de gobierno nombrados y removidos
por el ejecutivo o el Consejo de Administración; contribuyan a “reducir
las fuentes de financiamiento”; las leyes darán normas para “competir
con eficiencia”, una vez que sean empresas productivas podrá aplicarse
lo anterior, los consejeros profesionales terminarán su gestión y,
último [vigésimo primero], habrá normas precisas para evitar y combatir
la corrupción, las más chidas “para prevenir, investigar, identificar y
sancionar severamente” a los malos. Órale. Con este final, ¡al fin!, se
termina de tajo con los malos mexicanos
Los 21
transitorios nada les dejan a los diputados y senadores. Sólo les queda
dar cuerpo a las indicaciones aunque en algunos casos ni eso. La entrega
y la sumisión de la soberanía política al ceder la independencia
económica que los recursos estratégicos nacionales le otorgaban a
nuestra Nación. El decreto que nulifica a la Constitución tiene 5
páginas y los transitorios que controlan al decreto, ocupan 26. Con
seguridad es la primera vez que sucede así, disposiciones claras para la
entrega como para la sumisión de la dizque “soberanía popular”
[diputados y senadores], desde el ejecutivo.
Nos queda
tener presente el tamaño de la ofensa y la traición, para convocar a la
rebelión, la insurgencia y el retorno de la Constitución. La subversión
ha de crecer en las plazas, en los mercados, en las escuelas, en los
barrios, en los ejidos, en las parcelas. Hay que echar abajo éste
decreto y estos transitorios no nos dejan otro camino. ¡Vale, por la
vida!
Primera Parte
Segunda Parte
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