Reforma energética: privatización y engaños

Editorial La Jornada

Según información publicada ayer por The Wall Street Journal, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción Nacional llevan a cabo "negociaciones avanzadas" para promover una reforma legal que "permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas". El rotativo señala que dicha propuesta de reforma es "más ambiciosa" que la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal hace unos meses –la cual prevé la posibilidad de suscribir contratos de "utilidad compartida" en materia energética con particulares– y que, de ser aprobada, "México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), a ser un mercado basado en la competencia, donde las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un contrato con el Estado mexicano."

Aunque dichas versiones fueron desmentidas ayer mismo por el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo cierto es que resultan consistentes con el carácter errático y poco transparente del discurso oficial en lo que se refiere a las modificaciones legales en materia energética que se discutirán en el Congreso durante el actual periodo ordinario de sesiones. Debe recordarse que en semanas y meses recientes, con el afán de hacer presentable la iniciativa que promueve la entrega de la renta petrolera mediante los mencionados contratos de utilidad compartida, la publicidad oficial ha recurrido a la consigna opositora de no a la privatización y ha insistido en que Pemex no será entregada al capital privado, en lo que constituye una campaña de desinformación: a fin de cuentas, no es necesario convertir a la paraestatal en una entidad privada para transferir a manos de particulares tramos sustanciales de la industria petrolera o, en todo caso, de la renta obtenida por la venta de crudo. Las suspicacias se multiplican por el hecho de que, ante la evidencia de que la privatización parcial o total del sector energético suscita el rechazo mayoritario de la población, el régimen ha optado por disfrazar su propuesta como recuperación de ideas del ex presidente Lázaro Cárdenas, en lo que constituye una clara distorsión histórica de la expropiación petrolera de 1938 y de su principal artífice.

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