17 ago 2013

Energéticos: no legislar al vapor

Editorial-La Jornada

Con independencia de las posibles consecuencias negativas para las finanzas públicas, la iniciativa gubernamental de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución afectaría, en caso de ser aprobada por el Legislativo, un aspecto fundamental para la vida del país: la exclusividad de la nación en las áreas de producción y distribución de energía eléctrica y de prospección, explotación, transporte, refinamiento y comercialización de hidrocarburos.

Lejos de desvanecer las sospechas de que ese proyecto busca ceder a la iniciativa privada nacional y extranjera tales industrias, la propaganda oficial las ha acentuado. Resulta insostenible que por una parte la Presidencia de la República invoque a Lázaro Cárdenas como inspirador de la propuesta y apele a consignas como "no a la privatización" y que, por otra parte, la Secretaría de Energía admita que las modificaciones a la Carta Magna propuestas por el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto permitirían la posesión y operación de refinerías y de redes de expendios de gasolina por empresas trasnacionales. Tales contradicciones, en vez de clarificar lo que está en juego, enturbian el clima político necesario para establecer los términos en los que debe emprenderse el mejoramiento del sector energético, modernización cuya necesidad es, esa sí, factor de consenso.

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