Opinion La Jornada- Arturo Alcalde Justiniani
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante su segunda sala en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no debe pasar como una resolución más que consolide la arbitrariedad con que se ha conducido el gobierno federal desde aquel 10 de octubre de 2009, cuando optó por hacer a un lado la ley y acudir a la vía del desalojo nocturno para dejar en la calle, sin negociación previa, a más de 44 mil trabajadores.
Debe importar y mucho, conocer las razones que tuvo nuestro máximo tribunal de justicia para emitir un criterio que no sólo afecta a los trabajadores electricistas, sino que crea un precedente negativo para el futuro de los trabajadores, especialmente aquellos que prestan sus servicios en otros organismos descentralizados del Estado.
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