El agua del molino
Raúl Carrancá y Rivas
Organización Editorial Mexicana
El artículo 71 de la Constitución determina que el derecho de iniciar leyes o decretos compete: al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados. La disposición es clara, "al Presidente de la República" y no al Presidente Electo que aún no toma posesión de su cargo conforme al artículo 87 de la propia Carta Magna. ¿Entonces por qué Peña Nieto entregó a senadores del PRI y del PVEM su iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, y ampliar sus facultades? Y lo peor del caso, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI, dijo que "este es un día muy especial" y que los legisladores se sentían "muy halagados" porque recibieron una iniciativa que "permitirá ampliar el ámbito competicional (sic, en vez de competencial) de los tres órdenes de gobierno". Así las cosas se trata, a mi juicio, de soslayar y burlar el mandato de la Constitución. Es muy grave. Durante el sexenio que está por concluir se violó la Constitución en diversas ocasiones y abiertamente. Cito las siguientes a manera de ejemplo: primera, con la reforma constitucional de 2008 (la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, en México, criticó varias veces el arraigo y la constante violación de tales Derechos generada por esa reforma); segunda, cuando el Presidente de la República envió una iniciativa de ley para reformar a su vez el artículo 27 constitucional, en materia de petróleo -que prohíbe toda clase de concesiones y contratos-, modificando la Ley Reglamentaria del Texto Supremo para dar entrada a los llamados "contratos incentivados". La barbaridad y descarada violación estriba en que una ley "reglamentaria" (que reglamenta) no puede rebasar lo dispuesto en la Carta Magna; tercera, cuando mediante un decreto claramente anticonstitucional, y vulnerando garantías de la clase trabajadora, el Presidente extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en perjuicio directo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Todo lo anterior en el entorno de una guerra absurda, violentando la Constitución al conferirle al Ejército y a la Armada facultades de las que carece en los términos de la Ley Suprema, con el resultado de una constante transgresión de derechos y garantías en agravio de la población, y con un costo criminal de más de sesenta mil muertos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario