Editoral - La Jornada
Ayer por la tarde el candidato presidencial por el Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, anunció la presentación de un juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial realizada el primero de julio. El trámite correspondiente fue iniciado unas horas más tarde ante el Instituto Federal Electoral (IFE), "bajo protesta", por el titular nacional perredista, Jesús Zambrano. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la demanda habrá de ser turnada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá analizarla, sopesar sus argumentos, documentos y pruebas, y emitir un fallo definitivo sobre la validez de los comicios antes del 6 de septiembre.
Debe destacarse, en primer lugar, el hecho de que el abanderado presidencial de las izquierdas y su equipo cumplen, de esta forma, su compromiso de sujetarse a las vías legales y a los canales institucionales para dirimir su inconformidad ante las prácticas indebidas, si no es que abiertamente ilegales, que mancharon la contienda electoral y que ahora extienden una sombra de sospecha sobre el propio IFE y sobre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por su permisividad ante la comisión de flagrantes irregularidades.
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