Tribunal Permanente de los Pueblos
El veredicto preliminar emitido por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), el pasado 2 de junio, en contra del gobierno mexicano encabezado por Felipe Calderón, es un nuevo revés internacional a la política represiva, totalitaria y antilaboral que se ha ejercido en nuestro país y que ha afectado no sólo a millones de trabajadores sino a la población en su conjunto.
El TPP es uno de los organismos más reconocidos a nivel mundial que, desde 1979, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales en los pueblos de todo el orbe y denuncia los abusos y violaciones ante la opinión pública internacional.
En su Capítulo México, el TPP ventiló en su audiencia el tema “Violencia en contra de las trabajadoras y los trabajadores”, donde reconoce que si bien el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo de nuestro país, de 1970, establece que “el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”, en los últimos 30 años, el Estado mexicano y sus tres niveles de gobierno y en particular quienes han ocupado la Presidencia y la Secretaría del Trabajo, no han dado cumplimiento puntual a dicho ordenamiento.
Condena el TPP que en México se opere el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a la población y a los trabajadores.
Censura también el organismo que el gobierno de Calderón avale y autorice ejercer una representatividad sindical a aquéllos que carecen de verdaderos consensos democráticos lo que permite una representación simulada de los trabajadores, también mediante la existencia de “dirigentes perpetuos” de los sindicatos corporativos.
Resultan en consecuencia trascendentes las recomendaciones que el TPP hace al gobierno de Calderón, entre ellas: garantizar la existencia de los sindicatos independientes y democráticos, como el SME; establecer procesos de elecciones sindicales libres; reformar la operación de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje; modificar el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo, y garantizar el derecho de los trabajadores a disponer de una copia de su contrato colectivo.
Como se observa, el TPP, como otros organismos internacionales, también reprueba y sanciona los atropellos laborales de Felipe Calderón y sus funcionarios. Excesos que serán denunciados ante la opinión pública internacional por la gravedad que implican a la violación de los derechos fundamentales del pueblo de México.
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