Antonio Gershenson-Opinón La Jornada
La construcción de las industrias petrolera y eléctrica de servicio público se dio a lo largo de más de medio siglo y desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Está llena de intentos de entregarla a empresas privadas, en especial extranjeras, de una u otra formas. Pero también de luchas de quienes defendieron su carácter nacional y su papel como impulsoras de la economía nacional.
A partir de la nacionalización petrolera se cambió el artículo 27 de la Constitución. Ya antes decía que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación.
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público (…) Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales… (incluyendo) el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.”
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