19 may. 2012

La SCJN rehuye su deber constitucional-Toque crítico-Martín Esparza

¿Para qué pagarles jugosos sueldos?

Revista Siempre

Es evidente que lo que está acabando con las instituciones y el tejido social del país, además del clima de inseguridad, es el manifiesto cáncer de la ilegalidad, y peor todavía cuando su irreversible metástasis se ubica en el corazón de la propia Suprema Corte de Justicia (SCJN), que se niega, en la más absurda de las aberraciones jurídicas, a cumplir con el mandato que le impone nuestra Constitución para hacer cumplir las leyes que de ella emanan.

Hace dos semanas nuevamente el máximo órgano de justicia del país puso en entredicho su imparcialidad como representante del Poder Judicial, al negarse a ventilar en sesión pública la petición planteada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para ejercer su facultad de atracción en el juicio de amparo 1337/2010, que lleva en ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y que, al igual que las autoridades de la Junta Especial núm. 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), se han negado sistemáticamente a resolver a favor de los derechos de más de 16 mil trabajadores electricistas, al no interpretar al pie de la letra lo establecido en el artículo 28 de la Constitución que confiere al Estado la facultad de la generación y distribución de la energía eléctrica, situándolo de manera automática como el patrón en las entidades encargadas de realizar dicho fin.

La solicitud del SME es clara en ese sentido: que la Corte interprete lo contenido en el artículo 28 constitucional ya que autoridades como la JFCA y el SAE que pretenden dar por terminadas las relaciones laborales individuales y colectivas de más de 16 mil electricistas han caído en un evidente conflicto de intereses al depender directamente ambos organismos del Poder Ejecutivo, el cual argumentó inicialmente en su ilegal Decreto de Extinción del 11 de octubre del 2009, razones económicas, ahora cambiadas de forma inverosímil por los improcedentes razonamientos de “caso fortuito” o “causas de fuerza mayor”.

Apelando a las normas e instancias jurídicas, el SME ha solicitado de la Corte una definición clara del 28 constitucional, pero de manera insólita los ministros de la Segunda Sala han decidido, primero, analizar nuestra petición en sesión privada; y, segundo, prorrogar su deber marcado con puntualidad en la Carta Magna. Y si bien han dejado a salvo la defensa de nuestros derechos, su indefinición al respecto sienta otro mal precedente en la presidencia que encabeza el ministro Juan Silva Meza.

Debemos plantear de cara al país: si la Suprema Corte no es capaz de interpretar con puntualidad y claridad el contenido de nuestra Constitución, entonces ¿qué instancia deberá suplirla?, ¿acaso los organismos internacionales? De ser así, ¿qué objeto tiene que los mexicanos paguemos los jugosos sueldos de nuestros ministros que en promedio rebasan los cinco millones de pesos anuales?

¿Acaso la petición de justicia del SME ha terminado por colocar en un brete la inexistente independencia de la Corte frente al Ejecutivo? ¿Cómo puede el máximo tribunal pasar por alto que las “pruebas” que dijo tener Felipe Calderón para extinguir Luz y Fuerza fueran ocultadas al país y “reservadas” por 12 años? También por la vía jurídica, el SME logró desclasificarlas y ahí están para que los ministros las analicen y corroboren que las razones de Estado que dejaron sin empleo a 44 mil electricistas carecen de validez.

Lamentable y vergonzoso que los integrantes del máximo órgano de justicia pasen por alto las reformas hechas en materia de derechos humanos del 11 de julio del pasado año, donde se establece que los mismos adquirieron ya rango constitucional, y el derecho a la justicia y al trabajo forman parte inherente de los derechos humanos a nivel mundial. Faltar a su responsabilidad y obligación en estos momentos que el país requiere de un verdadero equilibrio de poderes que restablezca el dañado tejido social, político y económico del país, es faltar a la alta investidura que les ha confiado el pueblo de México, y es traicionar, en todos los sentidos, nuestra propia Constitución. Lo aquí expuesto se los dejamos de tarea a los señores ministros, por si algo de ética y dignidad les queda.

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