5 feb. 2012

PRI y PAN, la misma impunidad-Toque Critico-Martin Esparza

Parte sustancial del poder

Revista Siempre

La muerte de Miguel Nazar Haro, ex titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), nos remite a atisbar por los vetustos entretelones del poder y la impunidad en México para darnos cuenta de que, tras once años en el poder, los panistas no han sido capaces siquiera de desempolvarlos.

Con su partida, el creador de la Brigada Blanca y responsable de la tortura, ejecución y desaparición de cientos de luchadores sociales en los años setenta cierra una de las páginas más oscuras y sangrientas en la historia reciente del país. Su silencio y su complicidad se van al más allá, lacrados por el fallido Estado de derecho y la perenne impunidad.

Porque nadie puede rebatir que ayer como hoy, el cáncer de la impunidad forma parte sustancial del ejercicio del poder. Hace más de 30 años, en 1969, el aparato de Estado y un Poder Judicial sumiso al Ejecutivo admitieron tibiamente la existencia de la anticonstitucional, pero necesaria, Dirección Federal de Seguridad. Al gobierno mexicano de entonces le preocupaba de sobremanera criminalizar, como hoy sucede, la lucha social que brotaba en el país a consecuencia de la brutal represión de 1968 y la ausencia total de una apertura política y de diálogo con las diferentes corrientes ideológicas.

Con el arribo al poder de Luis Echeverría Alvarez, en 1970, la persecución contra los llamados grupos disidentes o guerrilleros se acentuó al grado de permitir el surgimiento de organismos que ejercieron más que una brutal represión, una franca estrategia de exterminio en su contra, como fue el caso de la llamada Brigada Blanca, coordinada por el hoy fallecido Nazar Haro y que, amparada por el gobierno, actuó de forma clandestina y en total impunidad pisoteando a su paso las mínimas garantías individuales.

A su llegada al poder, en el 2000, el panista Vicente Fox se comprometió a castigar a los responsables de la llamada “Guerra Sucia”, creando ex profeso, la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), teniendo como tarea inicial el amplio recuento de la ignominia y la vergüenza históricas, las cuales arrojaban hasta el sexenio pasado cifras aterradoras de desaparecidos: de acuerdo con la ONU, de 1960 a 1980, 374 personas; en los archivos del Comité Eureka de Rosario Ibarra ¾cuyo hijo, Jesús Piedra Ibarra, desapareció en abril de 1975 a manos de Nazar¾, la suma era de 557, de los cuales 530 correspondían a la década de los setenta; según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el número de desaparecidos fue de 532, de los cuales 275 habrían sido ejecutados.

Sin embargo, y luego de un aparatoso despliegue publicitario, los resultados entregados al país por la FEMOSPP fueron nulos pues tras la detención de Nazar Haro en febrero del 2004, y su corta reclusión en el Penal de Topo Chico, en Monterrey; éste fue arraigado precautoriamente en su domicilio, dada su avanzada edad de 80 años. Más tarde, se le exoneró de cargos tales como la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina de los Lacandones, en noviembre de 1974. El máximo castigo que recibió el sanguinario ex policía fue el ser sancionado con una “prisión domiciliaria”.

Al ex presidente Luis Echeverría, amén de haberlo fichado en su casa, por su también avanzada edad, nada se le pudo comprobar en concreto sobre su participación en la matanza del 68 y el llamado Jueves de Corpus o Halconazo del 10 de junio de 1971, en que murieron 120 estudiantes. Los panistas terminaron haciendo el peor de los ridículos. Y no sólo acabaron vencidos por la impunidad, sino devorados por la corrupción.

Al final del sexenio de Vicente Fox, su esposa Martha Sahagún y sus hijos, los juniors Bribiesca, fueron denunciados en el Congreso por su escandaloso enriquecimiento inexplicable. Los propios ex colaboradores del mandatario, como Lino Korrodi, señalaron los mil y un negocios ilícitos de quien, a su llegada al cargo, anunció acabar con la corrupción… y la impunidad.

Ahora, en el ocaso del gobierno de Felipe Calderón, nuevamente la palabra impunidad brilla en todo lo ancho de las marquesinas oficiales; los funcionarios públicos responsables de permitir la violación al Estado de derecho y fomentar la corrupción siguen sin castigo, no hay para ellos ninguna sanción de tipo penal, administrativa o política. Tampoco para los encargados de la Seguridad Pública federal y las fuerzas armadas, que en el combate al crimen organizado han dejado enlutados a miles de hogares en todo el país, pretextando los llamados “daños colaterales”.

La cifra de desapariciones y muerte de civiles inocentes en el actual sexenio supera con creces la contabilizada en la “guerra sucia”. La CNDH reporta que las quejas por violación a los derechos humanos se incrementaron de 691 a inicios del sexenio, a más de 6 mil, hasta la fecha. De las 98 recomendaciones emitidas por el organismo, sólo 29 han reportado sentencias condenatorias.

En esta vorágine de ilegalidades, lo mismo se pisotean los derechos de los trabajadores mediante ilegales decretos como el que extinguió Luz y Fuerza del Centro en octubre del 2009 y que dejó en la calle a 44 mil electricistas, que se permite a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conculcar sus derechos y dejar en la indefinición jurídica a 22 mil jubilados, criminalizando nuevamente la lucha social, como hace 40 años, al privar de su libertad a obreros, campesinos e indígenas que luchan por sus derechos, como es el caso de los 12 presos políticos del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Quitados de la pena y sin remordimiento alguno, se pasean con los bolsillos repletos de millones de pesos hurtados al presupuesto, los responsable de la costosa “Estafa de Luz”; también libres se encuentran el ex director operativo de la CFE, Néstor Moreno Díaz, y el ex titular de ese organismo, Alfredo Elías Ayub. En el catálogo de los beneficiados con la impunidad de Calderón, se encuentran incluidos los culpables de la muerte de los niños de la Guardería ABC, en Sonora, y hasta el ex presidente, Ernesto Zedillo, responsable de la matanza de indígenas chiapanecos de Acteal, en 1997.

Por eso, los mexicanos debemos preguntarnos qué hacer para que se restablezca la legalidad y el Estado de derecho en nuestro país. ¿Acudir a los tribunales internacionales? ¿Más marchas o plantones? O acaso, ¿dejar que se mueran de vejez los funcionarios corruptos que como Nazar, incurrieron en actos de barbarie, con el argumento de que lo hicieron por el bien de la nación, tal y como ahora Felipe Calderón justifica su autoritarismo lo mismo contra los narcos que contra los trabajadores organizados como mineros, electricistas y de Mexicana de Aviación?

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