27 ene. 2012

Extinción de LyFC viola la ley

Hay vacíos legales que impiden a la CFE prestar el servicio

Diario Basta

El decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) de 2009 violó el Estado de Derecho al intentar dejar sin efectos los 6.5 millones de contratos vigentes con valor jurídico, que suscribieron los usuarios con LyFC y que no puede suprimir de golpe y porrazo, revela una investigación del especialista Daniel Márquez Gómez.

En el mismo ordenamiento, agrega el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hay simulación, ya que el SAE no intermedia como dice este decreto, y entrega los bienes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, de una manera no muy legal, se haga cargo del servicio del centro del país, aunque jurídicamente no debe prestar el servicio.

Las autoridades federales se manejan sin transparencia y con secrecía en la desaparición de la empresa LyFC, ya que desde la Presidencia, la Consejería Jurídica, la CFE y la Policía Federal que intervinieron en el mandato, afectado de nulidad relativa lo mismo que los actos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían ser responsables de índole administrativa, penales y políticas.


Por eso, las acciones y hechos de la CFE carecen de sustento jurídico en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, y no debe cobrar ni cortar el fluido eléctrico, ni tampoco amenazar a los usuarios ni recibir los subsidios correspondientes.

Unos 200 mil abonados que dejaron de pagar su servicio "por los recibos locos", deficiencias, cortes supuestamente por mantenimiento, pueden demandar al gobierno federal ante juzgados en materia mercantil, administrativa y civil para que se aclare la prestación del servicio, el papel del SAE, cumplimiento del contrato y con quién se está contratando.

NI EL SAE NI LA CFE QUIEREN SABER NADA

Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y a la CFE se les pidió su punto de vista sobre lo abundado líneas arriba, sin recibir respuesta.

En el V informe de gobierno federal, se apunta que a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la CFE se ha enfocado en mejorar el servicio a los habitantes del Valle de México mediante el mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica. Y reconoce a 6.71 millones de clientes –el 10 de octubre de 2009 había 6.5 millones– en el Valle de México.

En este tema, el gobierno federal y la CFE llevan a cabo toda una estrategia para que los usuarios los acepten como los prestadores del servicio como a través de su Programa de luz sustentable, con el apoyo de algunos centros comerciales, a los consumidores que presente su recibo de luz sin adeudos, les entregan cuatro focos ahorradores a cambio de cuatro viejos o que los trabajadores de la CFE enseñen a la población la Ley de servicio público de energía para demostrar su competencia en el servicio.

En el decreto presidencial de 2009 de extinción de LyFC se cuidó muy bien el fraseo para evitar que se diera una subrogación, y que los ex trabajadores del SME reclamaran sus derechos laborales con la CFE, afirmó al ser entrevistado sobre el tema el investigador universitario Daniel Márquez Gómez, quien dijo que al SAE tiene facultades para tomar los bienes del organismo, "lo utilizaron de manera ilegal como acto de simulación jurídica" para extinguir a LyFC.

SAE, UTILIZADO COMO ACTO DE SIMULACIÓN JURÍDICA

Al precisar que el mandato presidencial está afectado de una nulidad relativa, lo mismo que los actos generados por la CFE, el especialista en derecho administrativo y penal revela dos vacíos legales fuertes del documento: no genera mecanismos para darle legalidad a la intervención CFE en la prestación del servicio de energía en la zona centro del país y tampoco crea el esquema de relaciones jurídicas de la CFE como prestadora de servicio y los usuarios del fluido eléctrico.

Por lo tanto, agregó Márquez Gómez, la CFE, a pesar de que su deber es cumplir con la ley, realiza acciones fuera de ella al no tener sustento legal, para dar el servicio de energía eléctrica o adueñarse de instalaciones, poner su logotipo en vehículos y maquinaria.

Las autoridades se han manejado con poca transparencia, secrecía y con prepotencia en la liquidación de LyFC, dijo Márquez, y por los vacíos jurídicos del ordenamiento que impacta en los ciudadanos, los servidores públicos que firman el decreto de marras como el Presidente Felipe Calderón, la Consejería Jurídica, CFE y Policía Federal, quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución, pueden ser sujetos a responsabilidades penales y políticas como ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades del Código Penal Federal.

Al recordar que en términos del Artículo 89 fracción primera constitucional y del 90 el Presidente puede proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley, Márquez Gómez señaló que el decreto por la extinción de LyFC no es un problema, pero se vuelve cuando de facto se deja sin efectos los 6.5 millones de contratos vigentes y con valor jurídico que firmaron los usuarios con LyFC antes del decreto de 2009.

El asunto de los contratos establecidos entre un particular y una empresa del gobierno, en los términos de la legislación administrativa, mercantil y civil o aplicable, está relacionado con la vigencia del estado de derecho en el país, subrayó el catedrático universitario, quien precisó que el Presidente tuvo facultades para expedir el decreto, pero carece de facultades para extinguir del golpe y porrazo los acuerdos entre un particular y LyFC.

SI 6.5 MILLONES DE USUARIOS DEMANDAN SE COLAPSA SISTEMA JUDICIAL

A los 200 mil usuarios que dejaron de pagar su servicio de energía eléctrica a raíz del decreto de extinción, aconsejó demandar al gobierno federal en un juzgado mercantil, para aclarar la situación de la prestación del servicio; en uno administrativo para que la Secretaría de Energía responsable de brindar el servicio y clarificar el papel del SAE, y en uno civil por el cumplimiento del contrato con LyFC, y tienen de plazo diez años, a partir de la fecha de expedición del decreto.

El académico considera importante resolver el problema, porque de lo contrario si los 6.5 millones de usuarios deciden interponer recursos legales, colapsarían al sistema judicial federal, generando un cuestionamiento muy fuerte a la CFE, que abriría la puerta para que el Sindicato Mexicano de Electricistas alegara la efectiva subrogación del servicio.

Márquez Gómez observó que la CFE interviene de manera ilegal en la zona centro del país al cobrar y cortar el servicio eléctrico y amenazar a los usuarios de dejarlos sin luz, a pesar de que como parte de la administración pública está obligada a cumplir lo que ordena ley. Tampoco debería de recibir el subsidio que reciben los consumidores del servicio.

Al preguntarle sobre los recibidos que expide la CFE, Márquez comentó que hay un tema de simulación, ya que el SAE debió expedirlos como intermediaria como dice el decreto, y lo que hizo fue entregar los bienes a la CFE para que, de una manera no muy legal, se hiciera cargo del servicio.

INICIATIVA PARA NUEVA EMPRESA NO AVANZA

El diputado federal perredista y secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación José Narro Céspedes, al denunciar que la CFE amenaza a los usuarios de cortarles el servicio por dejar de pagar el servicio, indicó que en la Cámara de Diputados no avanza la iniciativa de decreto para crear a la nueva empresa, porque el PAN no la quiere y el PRI no la aprueba, sin negar su factibilidad.

Por su parte, el diputado federal priísta César Augusto Santiago expresó que el asunto de los contratos es "delicado", pero la CFE ya está recontratando y de hecho los contratos que estaban siguen vigentes y no se pueden cancelar de manera unilateral, el contrato es de dos partes, no de una.

Rechazó caer en medidas efectistas como no pagar la luz como lo propuso el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues no resuelve el problema, y le apostó a crear la Comisión Reguladora en la Cámara de Diputados para solucionar el problema de las tarifas.

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