El pasado lunes 11 de
abril, en el contexto de las movilizaciones del Sindicato Mexicano de
Electricista (SME) para conmemorar 18 meses del decreto presidencial que
acabó con Luz y Fuerza del Centro y dejó de golpe en el desempleo a más
de 40 mil trabajadores afiliados a esa organización sindical, tuvieron
lugar actos de violencia que dejaron un saldo de dos periodistas
golpeados –el fotógrafo Marco Peláez, de La Jornada, y el
reportero de Radio Fórmula Juan Carlos Santoyo– y varios vehículos
particulares incendiados, así como un número indeterminado de personas
afectadas por gases lacrimógenos lanzados por efectivos de la Policía
Federal en una entrada de la estación Zócalo del Sistema de Transporte
Colectivo.
Además de la acción policial torpe e irresponsable que generó pánico
en el Metro, son condenables también las agresiones perpetradas por los
electricistas contra los informadores, no por la condición laboral de
las víctimas, sino porque es inadmisible que cualquiera que protagoniza
una protesta social, por justificada que sea, recurra a la violencia
contra cualquier ciudadano. En este sentido, resulta impresentable el
intento de explicación manifestado ayer por Martín Esparza, líder máximo
del SME, en el sentido de que nuestro compañero fue agredido por los
manifestantes porque supuestamente se negó a identificarse ante ellos:
los participantes de un acto de protesta no tienen la menor facultad
legal para pedir documentación de cualquier clase a quienes sean
testigos –por desempeño del oficio informativo o por cualquier otra
razón– de sus movilizaciones.
Por otra parte, el proceder reprochable de algunos integrantes del
SME no debiera dar pie para descalificar a la organización sindical en
su conjunto, ni para tergiversar y demeritar la resistencia del gremio
ante un acto de gobierno cuestionable por muchas razones, como lo es el
decreto presidencial de octubre de 2009, desaseado en la forma y, en el
fondo, profundamente lesivo para el país, para los consumidores de
energía eléctrica y para los trabajadores, tanto los electricistas como
los asalariados en general.
Con esos elementos de juicio en mente, resulta perverso
presentar al movimiento de resistencia del SME en este año y medio como
mero vandalismo. Eso es, sin embargo, lo que ha venido haciendo el
conjunto de medios informativos oficialistas, para los cuales los
deplorables hechos del lunes pasado representaron una nueva oportunidad
para azuzar a la opinión pública contra los electricistas que se
mantienen en pie de lucha a pesar de la vasta panoplia de recursos
jurídicos, administrativos, policiales y propagandísticos empeñados por
el gobierno federal en su afán por liquidar a una de las organizaciones
sindicales más antiguas del país y por borrar todo rastro de las
conquistas obreras obtenidas a lo largo de décadas.
Es significativo, por lo demás, que este nuevo linchamiento mediático
contra el SME ignore los muchos agravios y arbitrariedades cometidos
desde el poder contra el gremio y que desconozca un telón de fondo que
debiera ser ineludible cuando se habla del conflicto generado por la
extinción de Luz y Fuerza: la creciente exasperación social causada por
la sostenida política antiobrera ejercida por las sucesivas
administraciones federales desde hace más de cinco lustros, el empeño
por eliminar derechos laborales –del que la malograda reforma priísta es
un ejemplo reciente–, el empecinamiento en transferir toda entidad de
propiedad pública a manos privadas, y la necedad de golpear a los
organismos sindicales independientes mientras, en contraste, el poder
público convive en plena condescendencia con cúpulas charras, sumisas y jurásicas, como las que controlan a los sindicatos de maestros y de trabajadores petroleros.
La condena a las agresiones y a la violencia no debe convertirse en
una venda en los ojos para ignorar sus causas profundas ni en una
patente para descalificar, en su conjunto, a un gremio que lleva 18
meses de defensa inclaudicable de su fuente de empleo, de sus legítimas
conquistas laborales, de los derechos de los trabajadores y consumidores
en general, y de la propiedad de la nación.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/14/index.php?section=edito
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