A un año cinco meses del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que dejó sin empleo a 44 mil electricistas del SME, los 6 millones de usuarios comprendidos en su zona de influencia, no solo se han convencido que el gobierno federal mintió en sus argumentos para extinguir a una entidad pública; además, han tenido que pagar las consecuencias inmediatas de un mal servicio y el cobro de altas tarifas; arbitrariedad esta última, que ha colocado a miles de familias de escasos recursos ante el dilema de optar por pagar su luz o comer.
Es importante por ello, que la población conozca a detalle otra de las poderosas razones –además de la encubierta privatización del sector-, que llevaron a la actual administración a desaparecer Luz y Fuerza del Centro, e intentar acabar con el combativo Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Me refiero al jugoso botín de la fibra óptica.
Para nadie es desconocida la cruenta lucha que los poderosos consorcios de la comunicación sostienen hoy en día por el control en el mercado del llamado Triple Play; esto es, la venta a sus clientes de los servicios de telefonía, internet y televisión, y cuyo manejo tecnológico se basa en el uso de la fibra óptica.
El 16 de Marzo del 2008, en el marco de la revisión contractual (2008-2010), que nuestra organización sostenía con las autoridades de LyFC, se pactó entre ambas partes, dentro de los acuerdos de productividad para sacar adelante a la empresa y hacerla más rentable, la Cláusula Décima, que al píe de la letra establecía:
“Con el propósito de facilitar el acceso a la Sociedad de la Información, a precios y calidad competitivos en la zona de influencia de LyFC, las partes se comprometen a realizar en forma conjunta los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la Secretaría de comunicaciones y la comisión Federal de Telecomunicaciones, la obtención de una concesión de servicios de transmisión de voz, datos y video, a través de una filial de LyFC creada para ese fin, aprovechando la infraestructura del organismo”.
Luego de constatarse, técnica y jurídicamente la viabilidad del proyecto, el entonces Director General de LyFC; Jorge Gutiérrez Vera, hizo la petición formal, el 23 de Junio del 2009, al entonces Secretario de Telecomunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, para la respectiva autorización misma que fue retardada pues, encubierta en su doble lenguaje oficial, la intención del gobierno no era dotar de un Triple Play barato y eficiente a la población, sobre todo a la de menores ingresos, ni sanear financieramente a Luz y Fuerza, con la obtención de mayores recursos, como eran entonces los planteamientos medulares del SME.
Los panistas ya tenían sus propios planes para lucrar con los 10 mil 100 kilómetros de fibra óptica comprendidos en las redes de distribución de LyFC, y operados por trabajadores del SME. Tan extensa red bien puede generar cien mil millones de pesos por año. Desde el gobierno de Vicente Fox, se había dado luz verde, mediante una ventajosa concesión para que la firma española WL-COM, explotara con grandes ventajas la fibra óptica mediante la infraestructura de luz y Fuerza. De hecho, en el contrato leonino, se planteaba que la firma pagaría solo la módica renta pues la operación correría a cuenta de la paraestatal y sus trabajadores.
En Diciembre de 2007, ya en el actual sexenio, y a espaldas de los trabajadores del SME y del pueblo de México, se firmó un nuevo convenio con WL-COM para disminuir aún más el costo en el uso de la infraestructura de LyFC; para entonces, la firma había vendido sus activos y aparecieron como nuevos dueños nada menos que los ex Secretarios de Energía de la administración foxista: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens Rebolledo.
Negocio redondo entre amigos, utilizando los bienes de la nación para el enriquecimiento de unos cuantos.
Y mientras en países como Finlandia se emiten decretos de ley para que sus habitantes tengan acceso de manera gratuita a internet, dotando de las mejores herramientas para su educación a sus nuevas generaciones, en México se expiden decretos donde se les golpea con toda la fuerza del Estado a sindicatos que, como el SME, han luchado y lo seguirán haciendo por defender nuestros recursos energéticos y los beneficios implícitos de su vasta infraestructura como lo es la fibra óptica.
De haberse aprobado la filial que operara los cien mil kilómetros de fibra óptica, comprendidos en la zona de influencia de LyFC; hoy la empresa tendría finanzas sanas y el pueblo de México un Triple Play a precios accesibles, con tarifas eléctricas más justas para las familias humildes. Pero esa intención nacionalista no estaba contemplada en los planes de los panistas, razón por la cual se instrumentó el autoritario Decreto de Extinción del 11 de Octubre de 2010, que intentó acallar; sin éxito la voz de los electricistas del SME. La fibra óptica es pues, otro robo a la nación que debemos impedir. Los ladrones como ya citamos tienen nombre y apellido.
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