Electricidad: privatización de hecho

Editorial LA JORNADA

Con la disminución, proyectada para los siguientes 15 años, de la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad de 11 mil 93 megavatios –que equivale a 28 por ciento de la capacidad total de la paraestatal, sin contar la de los productores privados independientes–, el gobierno federal da una nueva muestra de su proclividad a debilitar las empresas propiedad del Estado en el rubro energético, con miras a la generación de grandes oportunidades de negocio para particulares.

Aunque la Secretaría de Energía recurra a consideraciones sobre los costos de operación y la vida útil de las unidades generadoras de electricidad para justificar la medida, ésta es consistente con el rumbo adoptado por las administraciones federales del ciclo neoliberal, que han pretendido minimizar e incluso anular la intervención del Estado en sectores estratégicos para el país, como el energético. Debe recordarse que desde 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se avanzó en forma determinante en la llamada privatización silenciosa del sector eléctrico, con las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitieron otorgar permisos a empresas trasnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola y Electricidad de Francia para que participaran en la industria eléctrica nacional. Esta situación se agravó durante el sexenio foxista, cuando se autorizó que los permisos de supuesto autoabastecimiento, otorgados a algunas compañías, incluyeran la figura de asociados beneficiados, lo que hizo posible que un productor privado pudiera vender a terceros la energía que genera, mediante la simulación de sociedades.

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