La Jornada Morelos
CUERNAVACA. Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera subsecretario general y subsecretario de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas de la División Cuernavaca, denunciaron una serie de irregularidades que se han presentado en torno al proceso penal (político) que se sigue en su contra en el juzgado IV de Distrito, a cargo de la juez Griselda Sáenz Horta, bajo el expediente 63/2010, por el delito de privación ilegal de la libertad a funcionarios públicos de la Comisión Federa de Electricidad (CFE) y del Servicio del Sistema de Enajenación de Bienes (SAE).
“Sigue la instrucción de seguir reprimiéndonos e ir en contra de los trabajadores, que hacemos esta denuncia pública, ante la serie de contradicciones, conforme a las declaraciones de la parte acusadora y que no coinciden para nada en los señalamientos que nos están imputando”, refirió Héctor Salazar Porcayo.
En rueda de prensa, denunciaron diversas violaciones del proceso: los supuestos ofendidos no acuden al desahogo de la diligencia; la jueza nos obliga a verificar pruebas de la PGR; los agentes aprehensores no acuden, también, a desahogar las pruebas aportadas por los suscritos. Además de un sinfín de trabas de que somos objetos: señalan fechas y nos tienen en el juzgado más del tiempo debido, es decir nos atienden hasta que quieren, el trato es desigual, violando la garantía de Igualdad no se aplican las multas a los agentes aprehensores que no acuden a las fechas señaladas, etcétera. “Éstas son algunas de las constantes violaciones que se cometen en nuestro proceso penal, tal parece que la jueza o el tribunal tiene interés en que se aplique la ley de manera ilegal”, refirieron.
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