Seguimos vivos

Martin Esparza
El Universal

A 12 meses de la ocupación militar de nuestros centros laborales, de la emisión del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y del ilegal despido de 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la destrucción de nuestra organización sindical, decidida por la oligarquía y operada por sus sicarios gubernamentales, resultó un rotundo fracaso.

Ante la falta de legitimidad y la ausencia de resultados favorables para millones de mexicanos, Felipe Calderón decide emprender “una guerra al crimen organizado”, cuyos resultados están a la vista: 30 mil muertos, muchos de ellos civiles sin relación con la delincuencia; el Ejército y la Marina realizando labores policiacas sin respaldo constitucional o legal, violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de cientos de miles de mexicanos.


Nada les importó a Calderón y sus palafreneros en la tarea de acabar con una empresa propiedad de la nación, cuyo fin verdadero es la privatización de la industria eléctrica nacionalizada, y entregar de paso la red nacional de fibra óptica construida mediante fondos públicos a las grandes empresas de telecomunicaciones.

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