¿A quién enfrentamos?

La jornada Opinion Jose Antonio Almazan

Una de las pruebas de los ilegales intereses presentes en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el despido injustificado de más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) nos lo brinda la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que el entonces diputado del PAN Roberto Gil Zuarth presentó el 13 de octubre de 2009 en la Cámara de Diputados. ¡Tan sólo tres días después de la toma violenta, por aire y tierra, de las instalaciones de LFC! La premura de esta iniciativa tuvo que ver con el cálculo político de exterminar en pocos días la resistencia del SME y legalizar de inmediato la rapiña sobre LFC.

1. Mediante reformas a los artículos 10 y 12 y la creación de los capítulos X y XI de la LSPEE y al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y “con la finalidad de ajustar el marco regulatorio del sector eléctrico del país a los principios constitucionales de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, gobierno corporativo y eficiencia en la prestación de los servicios públicos”, la citada iniciativa reconoce un hecho y pone al descubierto sus reales intenciones: la figura de patrón sustituto y su propósito de avanzar en la privatización de la industria eléctrica mediante “empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica”.

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