Editorial La jornada
A 12 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y la posterior extinción de esa entidad pública por vía de un decreto presidencial todavía cuestionado –por más que su constitucionalidad haya sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo no menos polémico–, el gobierno federal ha sido incapaz de revertir los agravios cometidos por esa medida contra los derechos laborales, la libertad sindical y la propiedad pública. Adicionalmente, y a contrapelo del cálculo original del grupo gobernante, la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el suministro en las entidades en que operaba LFC ha contribuido a exacerbar la percepción del decretazo mencionado como una acción injusta, improcedente y nociva para la viabilidad de la zona centro del país.
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