22 ene 2010

Pide SME a la SCJN atraer amparo contra extinción de LFC.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para conocer del amparo que promovieron en contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Representantes legales de los electricistas acudieron al alto tribunal para que los ministros atraigan y resuelvan el recurso de garantías, que se encuentra pendiente de resolución ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.

La Corte turnó a trámite la solicitud hecha por los abogados Eduardo Bobadilla y José Antonio Zarza, aunque se espera que la misma se rechace, pues sólo los tribunales colegiados y la Procuraduría General de la República están legitimados para solicitar el ejercicio de la facultad de atracción de un amparo en revisión.

Como ocurre en estos casos, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, podrá poner a consideración de los integrantes del máximo tribunal del país la solicitud hecha por el SME, para ver si alguno de ellos la toma como propia, para que en su caso, se atraiga por oficio.

El Sindicato perdió la primera fase de la batalla legal para revertir el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro, cuando la jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata, negó el amparo a los integrantes del SME.

El 11 de diciembre pasado, la impartidora de justicia determinó que la extinción de la paraestatal fue constitucional, pues en la Carta Magna no se señala la necesidad de establecer un procedimiento de defensa para que se escuche a los empleados del organismo público que se pretende desincorporar por extinción.

En su sentencia, añadió que el decreto no tuvo la finalidad directa e inmediata de privar a los trabajadores de su fuente de empleo, sino que fue un medio para evitar que una entidad pública que no cumple de manera eficiente con el objetivo de interés público y social para el que fue creada, siguiera funcionando.

También expuso que los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas siga subsistiendo, con el propósito de que conserven la fuente de su empleo.

En el caso de que un ministro de la Suprema Corte decidiera hacer suya la petición, el pleno tendría que resolver si el amparo reviste las características de importancia y trascendencia jurídicas para que se atrajera el amparo.


Milenio

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