En dos textos, clasificados como reservados para efectos de la Ley de Transparencia entre uno y 12 años, el gobierno mide los riesgos de la extinción de LyFC 
José Antonio Almazán
Como parte de los preparativos del golpe fascista en contra del SME, desde el 31 de agosto y 28 de septiembre de 2009, bajo la rúbrica del Subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, el gobierno de Felipe Calderón preparó dos documentos: un “Informe de la Desincorporación Mediante Extinción del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, fechado el 28 de septiembre de 2009 y un “Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro”, del 31 de agosto de 2009.
Ambos textos fueron clasificados como reservados entre uno y doce años, en los términos de los artículos 13, fracción primera y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Llama la atención particularmente el artículo 13, fracción I, de dicha ley que establece: “Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.”
Los documentos fueron entregados al diputado panista y presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña, el martes 13 de octubre a las 15:25 horas, es decir 63 horas después del decreto de extinción, tal vez porque alguien advirtió a Calderón que además de pisotear las facultades de la Cámara de Diputados, estaba faltando a una elemental cortesía.
Ramírez Acuña retuvo los documentos secretos durante tres días, pese a que en esa semana se estaban discutiendo dos puntos de acuerdo relacionados con el Decreto de Extinción y finalmente los entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política el jueves 16 de octubre a las 15:03 hrs, cuando ya no había diputados.
Finalmente los documentos secretos fueron entregados a los diputados encargados de definir la posición en torno a la controversia constitucional por la extinción de LyFC el 27 de octubre. Bajo el cálculo del gobierno de que el golpe contra el SME estaba bajo control.
¿Por qué razón? La explicación está en la página 12 del Informe de la Desincorporación.
“…es de destacar que en la implementación de las soluciones propuestas en el presente informe, se liquidarían 44,600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectiva laboral. Ello podría implicar:
1.- Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida;
2.- Eventuales ataques al Sistema Eléctrico Nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LyFC, pero que pueden resultar inevitables, y
3.- Instauración de Procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien, la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LyFC.”
Los planes represivos en contra del SME
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José Antonio Almazán
Como parte de los preparativos del golpe fascista en contra del SME, desde el 31 de agosto y 28 de septiembre de 2009, bajo la rúbrica del Subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, el gobierno de Felipe Calderón preparó dos documentos: un “Informe de la Desincorporación Mediante Extinción del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, fechado el 28 de septiembre de 2009 y un “Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro”, del 31 de agosto de 2009.
Ambos textos fueron clasificados como reservados entre uno y doce años, en los términos de los artículos 13, fracción primera y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Llama la atención particularmente el artículo 13, fracción I, de dicha ley que establece: “Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.”
Los documentos fueron entregados al diputado panista y presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña, el martes 13 de octubre a las 15:25 horas, es decir 63 horas después del decreto de extinción, tal vez porque alguien advirtió a Calderón que además de pisotear las facultades de la Cámara de Diputados, estaba faltando a una elemental cortesía.
Ramírez Acuña retuvo los documentos secretos durante tres días, pese a que en esa semana se estaban discutiendo dos puntos de acuerdo relacionados con el Decreto de Extinción y finalmente los entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política el jueves 16 de octubre a las 15:03 hrs, cuando ya no había diputados.
Finalmente los documentos secretos fueron entregados a los diputados encargados de definir la posición en torno a la controversia constitucional por la extinción de LyFC el 27 de octubre. Bajo el cálculo del gobierno de que el golpe contra el SME estaba bajo control.
¿Por qué razón? La explicación está en la página 12 del Informe de la Desincorporación.
“…es de destacar que en la implementación de las soluciones propuestas en el presente informe, se liquidarían 44,600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectiva laboral. Ello podría implicar:
1.- Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida;
2.- Eventuales ataques al Sistema Eléctrico Nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LyFC, pero que pueden resultar inevitables, y
3.- Instauración de Procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien, la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LyFC.”
Los planes represivos en contra del SME
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