Con el acostumbrado sello de la
impunidad, la reforma constitucional a las telecomunicaciones, publicada
el 11 de junio de 2013, terminó por ignorar en el Congreso de la Unión
las observaciones hechas en 2012 por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), donde el órgano supervisor denunció que la licitación
de los más de 20 mil kilómetros de la red de fibra óptica de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) a favor del consorcio formado por
Televisa, Megacable y Telefónica, en el gobierno de Felipe Calderón,
representó una pérdida de 4 mil 448 millones de pesos a las arcas
públicas, pues tales empresas sólo pagaron 883 millones de pesos por una
red que hubiera generado seis veces más recursos si hubiera quedado en
propiedad de la ahora empresa productiva del Estado.
El sistema de adjudicación directa, similar al utilizado para entregar en bandeja de plata
la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a los panistas Ernesto
Martens y Fernando Canales Clariond, exsecretarios de Energía en el
gobierno de Vicente Fox, constituye una muestra viviente del conflicto
de intereses en que incurrió el entonces secretario del Trabajo y
Previsión Social y hoy senador por el Partido Acción Nacional Javier
Lozano Alarcón, quien en su papel de alto funcionario ejerció también un
abierto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, quienes
desde años atrás habían contratado sus servicios a través de su despacho
Javier Lozano y Asociados, SC. Gracias a las malas artes políticas del extitular del Trabajo, no hubo más participantes en la licitación del apetitoso botín de la fibra óptica de CFE.
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