Martín Esparza Flores Revista Siempre
Como resultante de la falta de autonomía
en los órganos de impartición de justicia en México que se han
convertido en abiertos defensores de la clase empresarial y los
políticos en turno, al alentar la impunidad y pulverizar los derechos
humanos, los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada,
dependiente de la ONU, lanzaron en Ginebra, su lapidaria opinión al
informe rendido por el Estado mexicano, sobre la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, calificándolo de insustancial al no aclarar
un sinfín de dudas en torno a los hechos suscitados en Iguala, el 26 de
septiembre del pasado año.
Mal paradas quedaron las autoridades
mexicanas ante la opinión pública internacional por la demanda de
justicia que debieron hacer los padres de los estudiantes desaparecidos,
allende nuestras fronteras, que sumaron su reclamo al de otras muchas
injusticias que han sido socavadas por el corrupto sistema de
impartición de justicia al dejar sin castigo a los responsables de más
de 22 mil desapariciones forzadas del pasado gobierno —más las que se
han sumado en el actual—-, permitiendo a los responsables de crímenes
como los sucedidos en la mina Pasta de Conchos, o en la Guardería ABC de
Hermosillo, burlar la acción de la justicia.
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