Martín Esparza Flores Revista Contralínea
El renglón de la transparencia es abordado
de manera extensa como una de las premisas en el funcionamiento que
habrán de tener las nuevas empresas productivas del Estado, de acuerdo
con la argumentación de las leyes secundarias en materia energética. Sin
embargo, llama poderosamente la atención que en ninguna línea de los
extensos borradores se mencione la obligación de pedir la rendición de
cuentas sobre el manejo de los recursos de organismos públicos
descentralizados que, como en el caso de Luz y Fuerza del Centro –luego
del ilegítimo Decreto de Extinción de octubre de 2009–, transfirieron
sus bienes al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae),
para que éste, a su vez, los entregara en comodato a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y cuyos informes, a 5 años de distancia, aún
permanecen en el limbo.
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