Añoranzas La Ruptura del 27 constitucional

Víctor Sánchez Tercera parte

Insisto. Existen voces indicando que la penetración del capital extranjero en la industria eléctrica –le llaman sector- ha sido subterránea y silenciosa. ¡Falso! Es directa, es cínica, es imperialista, aliada de la burguesía y el Estado nacionales. Son una y la misma cosa, imponen la explotación del trabajo y de los recursos naturales, sin límites, sin fronteras. Se convierte en negocio, en mercancía, en mercado.

El programa neoliberal se instala en 1982, con una década de entrega de empresas, organismos, servicios e inicio de quebrantos de contratos colectivos, contra prestaciones y conquistas. Se consolida a partir de 1992 con la firma del TLC y la ruptura constitucional desde su modificación con la ley de energía eléctrica, al indicar que el servicio púbico ya no es responsabilidad estatal ni estratégico, los capitalistas pueden invertir. Nada silencioso, ni escondido. Esto fue contundente, claro, tajante. El mercado eléctrico fue abierto, la Constitución rota.

Estamos en la etapa “modernizadora”, a través de las reformas estructurales continúa aquél proyecto neoliberal, donde faltaban los cambios a las normas para permitir la apertura plena de los capitales financieros o productivos. En la industria eléctrica se resquebrajó nuestra Constitución antes de su reforma legal. El cinismo como sus mentiras es parte de su ideología para quebrantar además de las leyes las voluntades. Díganlo sino los mensajes del petrolero cien veces repetidos

Las inversiones de empresas españolas, canadienses, yanquis con créditos de organismos multinacionales demuestra la intervención directa, como la el BID. Desde entonces, por ejemplo, las tarifas eléctricas suben y ni siquiera los servicios que “se prestan” quienes invierten bajan sus precios, como Wall Mart. Hace años generan, usan la interconexión del sistema eléctrico nacional, pero las tarifas siguen subiendo cada día más. Se nota el uso del sistema sólo para su beneficio, su ganancia.

Quebrantaron la vida de miles de trabajadores y jubilados electricistas, para meter orden y racionalidad en el área central del sector eléctrico-eso se dijo-, al desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Nada de lo ofrecido resultó; pues el empleo, la inversión no crecieron ni las tarifas bajan; al contrario se les llama “tarifas locas” pues sin más brincan y brincan p’arrriba. La huelga de pagos y los reclamos ante Profeco demuestran la ineficacia de CFE. Las mentiras dichas.

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, antes de las reformas en las Cámaras, otorgó préstamos para la industria eléctrica en 2011 y 2012 como apoyo a las empresas privadas siendo Nacional Financiera quien responderá por ellos. El presupuesto federal al servicio del capital extranjero para forzar y entregar los recursos estratégicos. Consolidar el mercado eléctrico antes de romper el 27 constitucional. Antes, en 1995, “…El propio BID detalla que, con el mismo fin, autorizó recursos para la construcción de la planta Salamayuca II; otorgó 75 millones de dólares y participaron las trasnacionales General Electric, Bechtel Enterprises, El
Paso Natural Gas e ICA-Fluor Daniel (proyecto BID-ME0189). También para el gasoducto Yucatán (68 millones, TransCanada Pipelines, International Generating Company y Gutsa Construcciones, BID-ME0130, de 1997); la planta de energía Monterrey III (75 millones, trasnacional española Iberdrola, BID-ME0229, de 2000); el proyecto cogeneración Vitro (45.5 millones, trasnacional gringa Enron, BID-ME0228, también de 2000); el proyecto de energía eólica en La Ventosa, Oaxaca (22 millones, Iberdrola, BID-ME-L1076, de 2009) y el citado por 450 millones de billetes verdes, sólo por mencionar unos cuantos. Aparte, los Pidiregas para que al final de cuentas se privaticen, aunque los mexicanos sigan pagando de aquí a la eternidad...” [La Jornada, 2014-01-13, México SA, ¡Hágase la luz! (con el erario); Carlos Fernández Vega]

La Jornada señaló con precisión: “En el caso que se comenta resulta improcedente que el gobierno endeude al país para financiar la cogeneración de electricidad de compañías particulares, y que al mismo tiempo desatienda las necesidades de las empresas energéticas paraestatales y las someta a una administración ineficiente y turbia: mientras la Comisión Federal de Electricidad padece el exceso de contratismo y la afectación de sus finanzas por la compra de energía a los operadores privados a un precio mucho mayor del que le costaría producirla, Petróleos Mexicanos enfrenta la persistencia de un saqueo fiscal que debió ser corregido desde hace muchos años. [Editorial: ‘Recursos públicos y fomento a particulares’, 2014-01-12. Además hay dos notas detalladas ese mismo día, ‘Pide el gobierno crédito al BID para que particulares generen electricidad’ y ‘El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó 30,125 mdd en 52 años’, un panorama claro de la alianza burguesa.”} “El programa facilitará fondeo a Nacional Financiera (Nafin) para prestar a proyectos de cogeneración en la industria mexicana (siderúrgicas, cementeras, papeleras, etcétera) y para la necesaria expansión de la red logística de gas natural (gasoductos, almacenamientos, etcétera), todo ello con el objeto de impulsar el papel de la cogeneración en el país, indica el BID sobre el perfil o descripción del proyecto que fue presentando en agosto del año pasado. (Ídem.)”

Todo al amparo del poder, de facto que no de la ley. Una reestructuración de la industria para romper el sistema eléctrico nacional –interconexión de todas sus fases- y crear un mercado capitalista por fase, por empresa, por demanda y por negocio: la utilidad, la ganancia al convertirse en mercancía dichas etapas. Oferta y demanda como orden capitalista en lo que fuera la industria nacionalizada. Todo ello antes de romper la Constitución con estas reformas y, especialmente, con las normas a redactar con las leyes secundarias impuestas ya en los transitorios del decreto mencionado.

Son los transitorios los que marcan ya, antes de las leyes, el devenir de la industria, la entrega al capital extranjero. El transitorio décimo segundo indica que ambos sectores tendrán sendas comisiones reguladoras del mercado: “…autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos…” Prevé si hay saldos remanentes del presupuesto se pasará a un
fideicomiso operado por la banca como fiduciario; que se instruirá “al fiduciario la aplicación de los recursos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios…” No podrán “acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Comisión de que se trate… (Si los hubiese) serán transferidos a la Tesorería de la Federación.”

Como les agradó a los legisladores –entreguistas- la intromisión en lo laboral cuando la reforma educativa, aquí lo repiten. Antes de seguir, hay que señalar que la redacción es mala, malísima, y después leemos, es transitorio entrometido. “El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales…”. Las llamadas etiquetas indican una línea, pues basta con que se apruebe el presupuesto. El siguiente transitorio indica que los comisionados de las Comisiones quedan a cumplir su gestión, marcando su escalonamiento a su término. Da cuenta pues de la forma como designarlos, el décimo tercero así lo estipula.

El décimo cuarto dedicado todo, en exclusiva, a la creación del “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”, como fideicomiso en el Banco de México. Se detallan los pormenores, no da pie a que se salgan de lo que así se estipula. Es decir, la ley secundaria que dizque harán y aprobarán los Diputados está hecha en éste transitorio. Los transitorios son eso. El debate, la premura o el derecho preferente carecen de sentido, los transitorios son la ley secundaria. ¡Hay de aquél que se salga de ellos! El décimo quinto ya marca la norma de la designación del Comité Técnico “integrado por 3 miembros representantes del Estado y 4 miembros independientes” propuestos por el Ejecutivo y aquéllos, el secretario de Hacienda, el de Energía y el Gobernador del Banco de México. Se detallan sus funciones.

En el décimo sexto, inciso b, a más tardar dentro de 12 meses de la entrada en vigor de la ley reglamentaria, se decretará el “Centro Nacional de Control de Energía… encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista; el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución… La CFE transferirá los recursos que el Centro…requiera. El Centro dará a CFE el apoyo necesario, hasta por 12 meses posteriores a su creación, para que continúe operando sus redes del servicio público de transmisión y distribución…”

En ambas industrias se crean fidecomisos incomprensibles, dizque para cuando existan recursos excedentes y ahí decidan su disposición; las empresas productivas de Estado sin autonomía de gestión financiera. Se abre el mercado, se abren las empresas y los excedentes se entregan a la banca, las contradicciones están dadas para que decretos las determinen como ya lo limitan estos transitorios. Lo mismo sucede, como vemos, con los propios centros de control de energía que serán los que vigilen el buen desenvolvimiento del mercado, sólo eso nomás. Aquí se limita a CFE a dicha sumisión, mientras se consolida. Todo a disposición del mercado.

Los dos siguientes son de las formas de atender los asuntos ecológicos. Con una Agencia especial para hidrocarburos con fideicomiso de por medio. ¡Ups! Otro más
y ya van 4. El Vigésimo transitorio establece indicaciones sobre las empresas productivas. Crearán valor económico, con autonomía presupuestal, techo de servicios personales a propuesta de Hacienda y aprobación del Congreso. “Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución” [numeral II].

Organizadas con las mejores prácticas internacionales, “así como un régimen especial de contratación”, sus órganos de gobierno nombrados y removidos por el ejecutivo o el Consejo de Administración; contribuyan a “reducir las fuentes de financiamiento”; las leyes darán normas para “competir con eficiencia”, una vez que sean empresas productivas podrá aplicarse lo anterior, los consejeros profesionales terminarán su gestión y, último [vigésimo primero], habrá normas precisas para evitar y combatir la corrupción, las más chidas “para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente” a los malos. Órale. Con este final, ¡al fin!, se termina de tajo con los malos mexicanos

Los 21 transitorios nada les dejan a los diputados y senadores. Sólo les queda dar cuerpo a las indicaciones aunque en algunos casos ni eso. La entrega y la sumisión de la soberanía política al ceder la independencia económica que los recursos estratégicos nacionales le otorgaban a nuestra Nación. El decreto que nulifica a la Constitución tiene 5 páginas y los transitorios que controlan al decreto, ocupan 26. Con seguridad es la primera vez que sucede así, disposiciones claras para la entrega como para la sumisión de la dizque “soberanía popular” [diputados y senadores], desde el ejecutivo.

Nos queda tener presente el tamaño de la ofensa y la traición, para convocar a la rebelión, la insurgencia y el retorno de la Constitución. La subversión ha de crecer en las plazas, en los mercados, en las escuelas, en los barrios, en los ejidos, en las parcelas. Hay que echar abajo éste decreto y estos transitorios no nos dejan otro camino. ¡Vale, por la vida!

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