Editorial La Jornada
Las afirmaciones de que la reforma energética recientemente aprobada y promulgada obedece en última instancia a intereses políticos y económicos de Estados Unidos son, según puede verse, más que productos del exceso de suspicacia: en un documento presentado el pasado 11 de abril en el Congreso de Estados Unidos por el ex embajador de ese país en México Carlos Pascual, el gobierno de Washington delineó la operación de un proyecto denominado "Connect America", para que las empresas estadunidenses, "desde la frontera con México hasta la Tierra del Fuego", puedan generar y distribuir electricidad a través de un sistema hemisférico, que representaría un negocio de 1.4 billones de dólares. En el apartado correspondiente a México, el documento destaca la reforma energética como una de las prioridades del gobierno de Enrique Peña Nieto –a pesar a que la iniciativa correspondiente se presentó cuatro meses después–, y señala que "si tiene éxito, México podría atraer inversiones internacionales para desarrollar sus recursos de hidrocarburos. Esto reforzaría tanto la seguridad energética de Estados Unidos como la situación fiscal de México".
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