John Saxe-Fernández Opinión La Jornada
El asalto a los artículos 27 y 28 de la Constitución del programa energético del gobierno es parte de un diseño de "flexibilización constitucional" para privatizar y extranjerizar el "complejo petroeléctrico" del país, presente desde los años 80, analizado por Emilio Krieger en Violaciones presidenciales de la Constitución (Grijalbo 1996) y contenido en las Cartas de política por rama, del Banco Mundial, en las que se estipuló "permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex" (JSF, La compraventa de México, Plaza & Janés, 2002, p. 203-376.) Es una regresión que vulnera a la nación, como lo planteó Gilberto López y Rivas (La Jornada 27/9/13) y un riesgo grave a la integridad federal en lo externo, por los cambios tectónicos de una riesgosa ecuación energética mundial en la que se agota el crudo barato y se agudiza la conflictividad internacional, por el enorme y creciente valor económico y estratégico del recurso.
El declive de los campos gigantes de crudo convencional en países no-OPEP y el que sólo ese cartel cuente con "capacidad ociosa" (puede aumentar la producción –en menos de 30 días– y mantenerla 90 días o más) acentúa la importancia del gas y petróleo convencional y no-convencional en el resto del mundo, empezando por México y su jurisdicción territorial en el Golfo de México, Canadá y Venezuela, miembro de la OPEP, dueña de la mayor reserva petrolera mundial, sometida, junto a Cuba, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, a un inusitado acoso de Estados Unidos a nivel de espionaje y de operativos de desestabilización. Evidenciando que la "mano invisible" no opera en vacíos de poder, menos en materia de petróleo y recursos naturales: el Estado, la política y la fuerza juegan un papel nodal.
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