Martin Esparza-Contralínea
Bastarían 75 años para que las razones históricas y los orígenes de la expropiación petrolera de 1938 sean sepultadas por las políticas neoliberales, que ahora en su intención privatizadora impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan, sin el consentimiento del pueblo de México, regresar sus viejos privilegios a las compañías extranjeras, mismas que en las primeras décadas del siglo pasado mantuvieron en condiciones de semiesclavitud a los trabajadores petroleros del país y a los que el entonces presidente Lázaro Cárdenas apoyó en su organización sindical y en la conquistas de sus legítimos derechos, al restituir con su patriótico deber las riquezas del subsuelo en beneficio de la nación.
La inexplicable involución histórica que se intenta concretar sería la culminación de una política de desmantelamiento de las empresas públicas que se ha venido ejecutando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora busca abrir de par en par las puertas de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en Petróleos Mexicanos (Pemex), al argumentar de manera artificiosa, como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, inviabilidad financiera, cuando han sido las desatinadas políticas fiscales que le han impuesto una desorbitada carga impositiva las causantes de su quebranto financiero.
Pemex, dicen, requiere de multimillonarias inversiones para echar a andar sus proyectos de exploración y perforación en los potenciales yacimientos del Golfo de México, para la construcción de nuevas refinerías y para renovar su tecnología, pero los gobiernos neoliberales se niegan a modificar el sistema de recaudación para que se frene la evasión fiscal de las grandes empresas, y con ello evitar que las millonarias ganancias de la entidad sean la caja chica de los déficits fiscales sino la palanca de su propio desarrollo.
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