Fueron descomunales y sin límite los recursos humanos, económicos y materiales
que usó el gobierno de Felipe Calderón para imponer por la fuerza el cierre de
Luz y Fuerza del Centro y justificar el despido de más de 46 mil trabajadores la
noche del 10 de octubre de 2009.
Aparecieron desde el momento de la toma y en los días siguientes, anuncios
pagados en radio, televisión y prensa escrita para justificar la arbitraria
acción gubernamental; su argumento fue la denostación y el engaño en contra de
los trabajadores.
El gobierno calderonista movilizó miles de policías y militares encubiertos,
para tomar por la fuerza los centros de trabajo. A los trabajadores que
laboraban esa noche los desalojó por la fuerza y los que ingresarían en las
siguientes horas, para impedir su ingreso, cercó con vallas metálicas las
instalaciones.
Se quiso demostrar la fuerza desproporcionada del gobierno a pesar que no
atinaba a justificar “la extinción” en el centro del país de una función
estratégica como es la energía eléctrica.
Se acusó sin base alguna a los dirigentes del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) de corruptos y al mismo tiempo patrocinó sin éxito alguno a
un grupo disidente para fomentar la división y confusión entre los
trabajadores.
parecían en todos los medios de comunicación declaraciones de Felipe
Calderón como salvador de la patria y Javier Lozano como su espantajo,
justificando el cierre de esa empresa pública.
Empresas transnacionales ligadas a la generación eléctrica y sectores
financieros aplaudían la medida “valiente” del gobierno de cerrar una empresa
pública de generación eléctrica.
Como si fueran dueños del erario público los funcionarios panistas
ofrecieron, según ellos, liquidaciones “superiores a la ley”. En los medios de
comunicación invitaban a los trabajadores a aceptar sus indemnizaciones con la
promesa de ser recontratados.
Difundieron en su momento fotografías de largas filas de trabajadores
electricistas cabizbajos, confundidos al recibir su cheque. Sin embargo mientras
pasaron los días, las filas de liquidados se fue reduciendo, mientras que la
resistencia de más de 16 mil trabajadores se mantenía a pesar de la propaganda
mediática en su contra a todas horas.
Los trabajadores liquidados pronto se dieron cuenta del engaño. Ni se les
habían pagado su indemnización completa ni se les había cumplido con otorgarles
un nuevo empleo.
Mientras tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) comenzó a
recibir miles de demandas de trabajadores reclamando su reinstalación y de otros
exigiendo la diferencia en el pago de sus liquidaciones; el buen ánimo
gubernamental poco a poco empezó a desdibujarse.
Desde la Secretaría del Trabajo abogados de distintos despachos patronales
recibieron la llamada de Javier Lozano para que auxiliaran al gobierno en los
litigios que fueron creciendo día a día. Como apoyo la JFCA empezó a congelar
los juicios para prolongarlos lo más posible.
Los primeros reportes que llegaron a la oficina del Secretario de Trabajo era
que en efecto, las liquidaciones pagadas no contenían todas las prestaciones y
tarde o temprano se tendrían que pagar millonarias cantidades como pago de
diferencias en indemnizaciones. Ahora es problema del nuevo gobierno que viene
afrontar el problema.
Ahora se sabe por una investigación de la periodista Mariana Otero que el
gobierno erogó más mil 800 millones de pesos en la contratación de 88
prestadores de servicios externos para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro
(LFC), los cuales se encargaron de realizar peritajes, mantenimiento de
inmuebles, atención de asuntos jurídicos y hasta un Call
Center de orientación.
Según la solicitud número 681200000411 presentada al IFAI por la periodista
Otero, el total de gastos que se habían realizado hasta 2011 para llevar a cabo
la extinción de la paraestatal ascendía a 52 mil millones de pesos, de los que
mil 810 fueron para la contratación de empresas externas, 32 millones para el
pago de notarios y 79 millones 813 mil pesos para cubrir los servicios de 19
despachos de abogados.
A pesar de las desmedidas sumas entregadas a los litigantes, el gobierno
federal siguió dando tumbos al perder un amparo en el tribunal colegiado de
circuito que otorgó el reconocimiento a favor de los miles de despedidos como
patrón sustituto por la Comisión Federal de Electricidad, que ahora se encuentra
en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los panistas viven sus últimas horas en la presidencia de la republica
después de haber demostrado su incapacidad para gobernar; ahora aparecen, poco a
poco las ilegalidades cometidas en un ejercicio de poder arbitrario. ¿Quién
responderá por esas arbitrariedades y despilfarros cometidos en perjuicio de la
Nación?
La Silla Rota
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