1 oct 2012

Guerra de clases

La Jornada Opinion John M. Ackerman

Consumada la compraventa de la Presidencia de la República, llegó la hora de pagar favores. La mal llamada "reforma" laboral aprobada por la Cámara de Diputados parte del diagnóstico absurdo de que son los trabajadores y no los líderes charros ni las empresas monopólicas quienes detienen el crecimiento económico. En lugar de democratizar la economía y abrir oportunidades para la movilidad social, la reforma promete consolidar la tendencia iniciada durante el sexenio de Carlos Salinas de convertir todo México en una gran maquiladora al servicio de las empresas trasnacionales.

Se cumple el sueño del gran capital y sus aliados nacionales de convertir a millones de trabajadores asalariados con seguridad en el empleo en peones de subcontratistas sin derechos ni prestaciones. La reforma facilita los despidos masivos y arbitrarios, con el recorte brutal en el pago de los salarios caídos durante los juicios laborales. El objetivo es desmoralizar a los trabajadores para obligarlos a aceptar una humillante indemnización en lugar de emprender un largo y cansado juicio para defender sus derechos ante un despido injustificado.

Los patrones entonces podrán hacer como Enrique Peña Nieto durante la elección presidencial, al utilizar su dinero para atropellar derechos y comprar su camino al "éxito". Así como Peña Nieto compró votos, los dueños compararán la cancelación de los derechos de sus asalariados. Igualmente, los trabajadores terminarán igual de agraviados y burlados que los valientes integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes vieron desaparecer de la noche a la mañana su fuente de trabajo y su derecho a una vida digna.

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