El desaseo administrativo y el embrollo jurídico que provocó el decreto de Felipe Calderón empieza a revelarse: con informes dudosos, mentiras y opacidad, pero con una ejecución bien sincronizada
A tres años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el desaseo administrativo y el embrollo jurídico que provocó el decreto de Felipe Calderón empieza a revelarse: con informes dudosos, mentiras y opacidad, pero con una ejecución bien sincronizada se perpetró el golpe que dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores en octubre de 2009.
Aunque en sus referencias a la extinción Calderón insiste en que fue necesaria y que no le importó el costo político con tal de mejorar el sistema eléctrico del país, por la ilegalidad del acto ya hay reveses judiciales.
El pasado miércoles 17 Calderón abordó un aspecto de la extinción, que se suma a la larga lista de declaraciones con que se ufana de su decisión. En un evento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que LFC era "un lastre" y decidió extinguirla.
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