Magdalena Gómez-Opinión La Jornada
Nuevamente ha sido programada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la discusión del proyecto de resolución sobre el incidente de inejecución de la sentencia que en 2008 favoreció al pueblo ch’ol. El caso tiene larga data y los ejidatarios de Tila han sido persistentes en utilizar los recursos legales a su alcance. La SCJN tiene la oportunidad de aplicar plenamente la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, si funda su decisión en los derechos de los pueblos indígenas consagrados en tratados internacionales y con ello ampliar la mira sobre la materia agraria. Si lo hace, estaría superando aquel argumento que ofrecía hace años, de que no tenía resoluciones respecto a pueblos indígenas porque éstos no llegaban a la Corte.
Lo están haciendo durante la última década, por lo menos a partir de las 331 controversias interpuestas por municipios indígenas consideradas improcedentes. Más adelante ha definido que los municipios no tienen personalidad jurídica en materia indígena y no logra trascender el enfoque de derechos individuales (derecho al intérprete), tampoco ha logrado asumir la implicación del derecho a la libre determinación.
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