Calderón aniquila la autonomía de la Corte-Toque Crítico- Martín Esparza

Intromisión del Ejecutivo

Revista Siempre

En las próximas semanas, la Corte tendrá en sus manos equilibrar los números rojos que presentan sus niveles de credibilidad luego de que el pasado 21 de marzo tres de los cinco integrantes de su Primera Sala votaran en contra del dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, que planteaba la liberación de la francesa Florence Cassez.

En el ambiente del Estado de derecho, que debería ser limpio y cristalino, quedó flotando como densa niebla la abierta intromisión del Poder Ejecutivo. Juristas y diversos sectores sociales coinciden en que la autonomía del máximo órgano de justicia del país se encuentra al borde de la quiebra.

De nada valió que previo a la determinación de los ministros de la Primera Sala, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, haya expresado en el marco del 206 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y de frente a Felipe Calderón, su rechazo a la creencia de que la ley deba cumplirse “a capricho”, pues ello conduce a un abuso de poder, antesala del “autoritarismo y la impunidad”.

Las crónicas describieron a un Calderón de rostro desencajado, sobre todo cuando Silva apuntó en su mensaje: “Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la república, que es la legalidad”. También indicó que es obligación inquebrantable de los jueces “ver siempre por el interés superior, a poner por delante el bienestar de todos, a corregir a costo presente las desviaciones y los abusos de poder que desborden los cauces constitucionales. Eso quiere la sociedad, eso nos manda la Constitución y eso, nada más eso, haremos”.

El trasfondo de la controversia jurídica que situó a la Corte a las puertas del descrédito, y que ha generado ríos de tinta y comentarios en todos los medios de comunicación, tiene dos puntos en común: el montaje mediático armado por el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, para simular una espectacular detención de la francesa y de los miembros de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, en diciembre del 2005, violando los más básicos elementos procesales, y la protección que el presidente de la república ha brindado al responsable del mismo.

Es decir, la muestra contundente de “el autoritarismo y la impunidad” que criticó en su discurso, como abusos del poder, Juan Silva Meza. Ese autoritarismo usado por el gobierno de Calderón cuando aplicó con toda la fuerza del Estado su ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y que dejó en la calle a 44 mil trabajadores, negándoles el derecho constitucional de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Ese abuso de poder que distrajo de sus funciones a elementos de las fuerzas armadas para disfrazarlos de policías federales, durante los operativos de desalojo en los centros de trabajo, con el fin de amedrentar a los electricistas con el apoyo del hoy cuestionado García Luna.

Esa forma caprichosa de aplicar la ley y que por presiones del Ejecutivo hizo que en su momento, como ahora sucede, los ministros desecharan la controversia constitucional presentada por el SME, similar a la integrada por el Congreso en contra del también anticonstitucional decreto del llamado “apagón analógico”, y que corriera con mejor suerte por tener el apoyo de los legisladores.

Y si bien la decisión del pasado 21 de marzo dejó en suspenso lo que será el desenlace final de esta tragicomedia, la Primera Sala se encuentra ante un inevitable dilema: si la ministro Olga Sánchez Cordero presenta el nuevo dictamen sobre el asunto Cassez después de los comicios de julio próximo, estará claro que la autonomía del máximo órgano de justicia del país antepondrá los intereses políticos a los jurídicos evitando causar un daño electoral al gobierno de Calderón y su partido, el PAN.

Pero si opta por no hacerlo, tendrá en sus manos evitar la bancarrota de la autonomía de la Corte, obligando a que el responsable del desaseo procesal rinda cuentas de sus irresponsables actos a los que, por cierto, se les deberá añadir el de espionaje telefónico, según denunció ante la Procuraduría General de la Respública hace unos días el equipo de la panista Josefina Vázquez Mota.