El 10 de Octubre de 2009, la policía y fuerzas militares desalojaron por la fuerza a más de 44,000 trabajadores electricistas de más de 400 centros de trabajo en la zona central de México. Estos trabajadores son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y laboraban en la empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro.
Las fuerzas de seguridad actuaron en respuesta a un decreto presidencial que disolvía la empresa, intencional e ilegalmente rompiendo uno de los contratos colectivos de trabajo más antiguos de México.
Los activos y las instalaciones que pertenecían a LyFC fueron transferidos a la Comisión Federal de Electricidad, otra empresa pública que opera con un sindicato de protección y subcontrata muchas de sus tareas a empresas privadas pequeñas y no reguladas.
El trabajo que antes realizaban trabajadores sindicalizados especializados en buenas condiciones de seguridad, ahora es realizado por trabajadores, mayormente indocumentados, sin derechos sindicales.
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