En su génesis, La Biblia establece que al crear Dios el cielo y la tierra, dijo también: “Haya luz”, y hubo luz. Debemos creer que nunca supuso en su infinita sabiduría que, al paso del tiempo, la luz, transformada en energía eléctrica se convertiría no en una bendición divina para millones de hombres, sino en un castigo terrenal al imponer las avariciosas empresas trasnacionales un alto precio para obtenerla.
Revista Contralínea
Si el candidato priísta Enrique Peña Nieto admitió haber leído, entre contados libros, La Biblia, le haría bien reflexionar hasta qué niveles de pobreza ha llevado el modelo neoliberal a millones de habitantes no sólo de México sino del mundo, al entregar a consorcios internacionales las riquezas naturales y energéticas que deben ser aprovechadas en beneficio de las mayorías, no sólo como lo establece en el terreno espiritual La Biblia, sino en nuestra propia Constitución Política.
Convencidos de que su triunfo en 2012, y su retorno a Los Pinos, es un hecho, los priístas parecen extraviarse en el terreno meramente electoral y olvidan en el desván de los tiliches la ideología que dio sustento y razón histórica al nacimiento de su partido a principios del siglo pasado. Valores que harían bien en retomar.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está fraccionado en dos corrientes: una, y por desgracia minoritaria, que lucha por recobrar el sentido patriótico y nacionalista que hizo posible que los anhelos sociales de los campesinos y los obreros quedaran plasmados en la Constitución de 1917, lo que justificó el millón de vidas que costó la Revolución, y para dar vida, más tarde, al Partido Nacional Revolucionario (cimiente de su actual instituto político).
Bajo las reglas establecidas en la Constitución, gobiernos como el del general Lázaro Cárdenas pudieron arrebatar a las empresas extranjeras, en 1938, la riqueza de nuestros hidrocarburos. Los obreros y el país entero tuvieron en el artículo 27 constitucional, que garantizaba las riquezas contenidas en el subsuelo mexicano como patrimonio de la nación, una poderosa herramienta jurídica que les permitió desterrar a las abusivas trasnacionales.
Dicho artículo también permitió en septiembre de 1960, nacionalizar la industria eléctrica, gracias al presidente Adolfo López Mateos, quien entregó este valioso recurso en beneficio de México y de su desarrollo económico.
Por desgracia, la otra corriente –que ahora predomina en el interior del PRI– piensa, al igual que los panistas, que la solución a los problemas es la apertura total del sector energético a las trasnacionales, ofreciéndoles mano de obra barata, desprovista de prestaciones sociales, como plantea la reforma laboral que presentaron en el Congreso de la Unión.
Esa corriente neoliberal permitió al expresidente Carlos Salinas de Gortari, en 1992, echar por la borda todo un proyecto nacionalista labrado por décadas por varias generaciones de mexicanos, ya que al operar las reformas que modificaron la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrió las puertas ala privatización de la industria eléctrica mediante la creación de figuras como los productores independientes, la cogeneración y la energía para importar y exportar, lo que transgrede el contenido sustancial de los artículos 27 y 28 (este último establece la prohibición de los monopolios en la economía nacional, hoy en día una lamentable realidad por el progresivo control de la generación de energía de las trasnacionales en el país, sobre todo de las españolas).
Ahora, de manera por demás tramposa, los priístas neoliberales lanzan spots en la televisión donde hablan de la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como uno de sus logros históricos, comprometiéndose con la gente de que, una vez que lleguen al poder, revisarán las tarifas eléctricas, que ahora son una pesada para carga a sus bolsillos.
Bien es cierto que la CFE fue creada por el general Cárdenas el 20 de enero de 1934, con el fin de electrificar al país y llevarlo al progreso, pero lo que los priístas omiten en su spot es que entre sus objetivos a futuro no tienen el desarrollarla sino desmantelarla y entregarla, como ha sucedido con su infraestructura y con el extinto organismo público Luz y Fuerza del Centro, a las trasnacionales, lo que ocasionó un aumento indiscriminado en las tarifas de luz y afectó la economía familiar de millones de usuarios. También ocultan a los potenciales electores de 2012 que todo esto ha sido en complicidad con los panistas.
Las cifras son claras ya que desde los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, y sobre todo con el actual, de Felipe Calderón Hinojosa, se han otorgado con la corrupta anuencia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, un total de 772 permisos, la mayoría a trasnacionales poderosas. Iberdrola, Unión Fenosa, Intergen, Mitsubishi y el gigante estadunidense AES, mismas que ya controlan casi el 50 por ciento de la generación total de energía eléctrica en México y que gracias a los ventajosos contratos otorgados a su favor por los citados presidentes, obtendrán ganancias aproximadas por 1.6 billones de pesos en los próximos 25 años.
¿Cómo piensan hacer los priístas neoliberales para revertir tan desventajosa situación para el país y reducir las tarifas eléctricas? ¿Quizá con la instalación de una Comisión Reguladora de Tarifas Eléctricas, como la que han planteado en el Congreso de la Unión? ¿Creen acaso que los tiburones trasnacionales tendrán tan buen corazón para sacrificar sus ganancias en bien de México? ¿Acaso yendo de la mano con los panistas en la aprobación de leyes como la de Asociaciones Público-Privadas, que posibilita la privatización de los servicios públicos?
Es por ello vital, para el futuro del país, que en el marco de las próximas plataformas políticas los candidatos (incluido por supuesto el de los priístas neoliberales) hablen de cara a la población sobre la posición que adoptarán en el terreno de su política energética. Armas para defender las áreas estratégicas como lo son nuestro petróleo y la industria eléctrica, las hay y están claramente establecidas en la Constitución, sólo se requiere su firme aplicación y un Congreso convencido de impedir el avance de las reformas neoliberales que han hecho de la luz un recurso tan costoso que ni la misma génesis bíblica pronosticó tan inalcanzable para los hombres, sobre todo para millones de mexicanos.
No estaría de más que Peña Nieto y otros políticos, lean de nuevo La Biblia y, por supuesto, la Constitución, para que estén enterados de lo aquí expuesto.
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