Al cumplirse 24 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la posterior extinción de esa empresa pública vía decreto presidencial, el gobierno de Felipe Calderón continúa mostrándose incapaz de revertir el cúmulo de agravios cometidos, a raíz de esa medida, en contra de los trabajadores de la compañía, de la propiedad pública nacional y de los habitantes de la zona centro del país.
La lista de afectaciones y pendientes no atendidos en los dos años transcurridos desde esa medida es encabezada por el desempleo masivo al que fueron arrojados más de 44 mil trabajadores de la empresa pública, 16 mil de los cuales han resistido someterse a las diversas ofertas de liquidación puestas sobre la mesa por las autoridades. La perspectiva de miles de familias arrojadas súbitamente a la incertidumbre y a la zozobra, y que han debido sobrevivir todo este tiempo sin fuente fija de ingresos, se complementa con el descontento de aquellos trabajadores que cedieron a las presiones de las autoridades: de los más de 28 mil ex empleados de LFC que, según cifras oficiales, aceptaron liquidarse, menos de 9 por ciento han sido recontratados, como habían ofrecido las autoridades federales; por lo que hace a las 68 cooperativas conformadas por ex trabajadores de LFC, sólo ocho han recibido contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en claro incumplimiento de las promesas de ayuda que les fueron planteadas.
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