Después de la queja que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpuso contra el gobierno mexicano, por la violación de los convenios 87 y 98 relativos a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emprenderá una investigación que puede derivar en la inclusión de México en la lista de países donde menos se respetan las garantías laborales.
Durante tal investigación, el gobierno de Felipe Calderón --incluso sin haber aún ratificado el Convenio 98-- tendrá que responder ante el organismo internacional por las acusaciones del SME y, más aún, enfrentar la posible recomendación de "reinsertar" a los trabajadores a sus fuentes de empleo.
Así lo informó Beatriz Vacotto, experta de la OIT en asuntos laborales, en una entrevista telefónica con Apro desde Ginebra, Suiza, sede de la organización.
El pasado 26 de noviembre, los secretarios del Interior y de Fomento a la Salud del SME, Humberto Montes de Oca y Pipino Cuevas, respectivamente, ingresaron la mencionada demanda, la cual fue dirigida al Consejo de Administración y al Comité de Libertad Sindical de la OIT, y de modo personal a Karen Curtis, la directora adjunta del Departamento de Normas Internacionales del mismo organismo.
La queja, que consta de 12 páginas --y cuya copia obtuvo este reportero--, la promueven Eduardo Bobadilla Zarza y José Antonio Miranda Sánchez, como representantes legales del SME.
El documento expone, en 29 puntos, la evolución histórica y jurídica del sector eléctrico en México desde 1902, el proceso de conformación del SME y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como su versión de los hechos en torno al decreto de extinción de esta empresa la noche del pasado 11 de octubre, que dejó de un día a otro sin empleo a 44 mil trabajadores.
Entre los seis razonamientos con los que a continuación argumentan las violaciones a los convenios 87 y 98, el SME destaca que "la forma, auténticamente intimidatoria y subrepticia en que se llevó a cabo el proceso de emisión y ejecución sumaria del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, no guarda congruencia alguna con los principios angulares (...) que deben regir cualquier actuación en materia laboral".
El "encadenamiento de los sucesos acontecidos", prosigue el documento, "transmite la impresión de que en el decreto subyace un propósito ajeno y distinto a la determinación gubernamental de desaparecer al organismo descentralizado, y que éste consiste específicamente en eliminar de raíz a una organización sindical que se ha significado por su capacidad de oposición y de articulación de diferentes movimientos sociales contrarios al modelo neoliberal".
Lo anterior, y "el hecho público y notorio", menciona el documento, del "vínculo de subordinación o dependencia política y organizacional" de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), constituyen, según el SME, un "desvío de poder", "de carácter faccioso", cuyo objetivo es "aplastar a toda costa al cuerpo gremial de los electricistas".
Así, el SME solicita a la OIT que abra una investigación del caso y, "una vez agotados los procedimientos correspondientes, instar (al gobierno de Calderón) a que dé cumplimiento estricto a las obligaciones y principios laborales", que "proceda a la inmediata revocación del decreto de extinción" y que "facilite el regreso a la brevedad de los trabajadores a su fuente de trabajo".
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Durante tal investigación, el gobierno de Felipe Calderón --incluso sin haber aún ratificado el Convenio 98-- tendrá que responder ante el organismo internacional por las acusaciones del SME y, más aún, enfrentar la posible recomendación de "reinsertar" a los trabajadores a sus fuentes de empleo.
Así lo informó Beatriz Vacotto, experta de la OIT en asuntos laborales, en una entrevista telefónica con Apro desde Ginebra, Suiza, sede de la organización.
El pasado 26 de noviembre, los secretarios del Interior y de Fomento a la Salud del SME, Humberto Montes de Oca y Pipino Cuevas, respectivamente, ingresaron la mencionada demanda, la cual fue dirigida al Consejo de Administración y al Comité de Libertad Sindical de la OIT, y de modo personal a Karen Curtis, la directora adjunta del Departamento de Normas Internacionales del mismo organismo.
La queja, que consta de 12 páginas --y cuya copia obtuvo este reportero--, la promueven Eduardo Bobadilla Zarza y José Antonio Miranda Sánchez, como representantes legales del SME.
El documento expone, en 29 puntos, la evolución histórica y jurídica del sector eléctrico en México desde 1902, el proceso de conformación del SME y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como su versión de los hechos en torno al decreto de extinción de esta empresa la noche del pasado 11 de octubre, que dejó de un día a otro sin empleo a 44 mil trabajadores.
Entre los seis razonamientos con los que a continuación argumentan las violaciones a los convenios 87 y 98, el SME destaca que "la forma, auténticamente intimidatoria y subrepticia en que se llevó a cabo el proceso de emisión y ejecución sumaria del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, no guarda congruencia alguna con los principios angulares (...) que deben regir cualquier actuación en materia laboral".
El "encadenamiento de los sucesos acontecidos", prosigue el documento, "transmite la impresión de que en el decreto subyace un propósito ajeno y distinto a la determinación gubernamental de desaparecer al organismo descentralizado, y que éste consiste específicamente en eliminar de raíz a una organización sindical que se ha significado por su capacidad de oposición y de articulación de diferentes movimientos sociales contrarios al modelo neoliberal".
Lo anterior, y "el hecho público y notorio", menciona el documento, del "vínculo de subordinación o dependencia política y organizacional" de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), constituyen, según el SME, un "desvío de poder", "de carácter faccioso", cuyo objetivo es "aplastar a toda costa al cuerpo gremial de los electricistas".
Así, el SME solicita a la OIT que abra una investigación del caso y, "una vez agotados los procedimientos correspondientes, instar (al gobierno de Calderón) a que dé cumplimiento estricto a las obligaciones y principios laborales", que "proceda a la inmediata revocación del decreto de extinción" y que "facilite el regreso a la brevedad de los trabajadores a su fuente de trabajo".
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